Duplicidad e ineficacia en 12 entes con 9.461 empleados y 2.411 millones de coste

Según la Intervención sus fines existen pero pueden hacerlo las consejerías o no son el medio idóneo.

Tal y como anunció la semana pasado, el Gobierno andaluz ha dado a conocer –tras las elecciones del 28A para «no influir»– el resultado de las auditorías encargadas a la Intervención de la Junta de doce agencias públicas empresariales que reciben 2.411 millones en transferencias del presupuesto público, 283 para pagar las nóminas de 9.461 empleados, de los cuales sólo 498 son funcionarios. La conclusión es que los fines para los que fueron creados estos entes siguen vigentes pero no son estas agencias públicas empresariales el medio «idóneo» para cumplirlos y «no son más eficaces» que la propia administración para realizar esas funciones, que además no están bien delimitadas, lo que provoca «duplicidades» entre algunas de estas agencias y sus consejerías de adscripción.

En concreto, la Intervención salva a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), al considerar que las funciones que ambas realizan justifican su existencia, si bien también detecta fallos de gestión como un exceso de fragmentación en los contratos en el caso del IAPH. En el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), la de Puertos, la de Obras Públicas, la de Instituciones Culturales y la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) hay funciones que sí las justifican y otras que no. Es el caso del uso de esta última como caja pagadora de subvenciones a empresas concedidas por las antiguas consejerías de Empleo e Innovación, un papel por el que se han sentado en el banquillo de los acusados varios ex dirigentes de IDEA en el caso ERE. Mientras, sobre la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la Agencia Pública de Educación, la Agencia Andalucía de la Energía, la de Conocimiento, la de Servicios Sociales y Dependencia –pese a ser la que aglutina al 94% del personal funcionario de los 12 entes– la Intervención considera que realizan funciones que podrían hacer las consejerías (por ejemplo, las obras en los colegios a cargo de la Dirección de Infraestructuras de la Consejería de Educación) o que hay que revisar su naturaleza jurídica.

Tanto el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, como el consejero de Hacienda, Juan Bravo, destacaron que con estos y otros informes económicos, el grupo de trabajo de Regeración democrática con las consejerías correspondientes adoptarán las «decisiones que haya que tomar de todo tipo», sea «extinguir, liquidar, fusionar o reducir, en todos los casos optimizar».

Ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre el futuro de los 8.963 trabajadores no funcionarios de estos entes, sobre todo en caso de extinción, Bendodo descartó tajante un despido masivo pero no descartó que se produzcan ya que estudiarán «caso a caso» para decidir si esas plazas son necesarias, en cuyo caso se convocarán puestos de funcionario por libre concurrencia, o se mantendrán contratos laborales o mercantiles de personas que llevan muchos años pero aclarando sus funciones.

El consejero de Hacienda resaltó que las agencias públicas empresariales «no son meros actores intermediarios en la ejecución de las políticas públicas sin aportar valor añadido» y los informes revelan que en algunos casos no cuentan con relación de puestos de trabajo, actúan «sin control» e incluso en casos como la Agencia del Conocimiento no aplicaron la rebaja salarial impuesta por el Gobierno andaluz en 2012 a todos los empleados públicos.

Bravo puso ejemplos de duplicidades con coste para las arcas públicas como la participación en la misma acción exterior de responsables de Extenda e IDEA o la contratación de una obra por AVRA cuyo contrato tuvo que rescindir con un coste de 16 millones, y que luego fue sacada a licitación por la Consejería de Obras Públicas.

Bendodo destacó que el Gobierno andaluz ya ha extinguido 82 consorcios sin actividad y ayer dio el visto bueno a analizar otras siete entidades que previsiblemente también serán suprimidas, entre ellos el Instituto Andaluz de Finanzas, la Fundación Banco Agrícola de don José Torrico y López Calero, la Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz o el Apartahotel Trevenque en Sierra Nevada.

800 millones en una década para ofertar 40.000 nuevas VPO

El Consejo de Gobierno acordó ayer renovar el Plan Vive para la promoción de vivienda a precio asequible, que contará con una dotación presupuestaria de 800 millones entre 2020 y 2030 para ofertar 40.000 VPO, de nueva construcción y procedentes de la rehabilitación, de las cuales 20.000 irán destinadas a jóvenes. Según informó el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, este plan creará 34.000 empleos y promoverá una inversión inducida de 1.700 millones. El objetivo es que su puesta en marcha comience en siete meses. El Plan Vive prevé crear 40.000 VPO entre viviendas sociales en alquiler, de promoción autonómico con precio accesible y medidas para garantizar el acceso al alquiler accesible ante el atasco en las ayudas para éste que en provincias como Sevilla o Málaga acumulan dos años de retraso. También la rehablitación del parque público y conjuntos históricos, edificioes de interés arquitecónico y la regeneración de espacios urbanos, así como viviendas de integración social y planes de erradicación del chabolismo, un fondo autonómico de ayudas contra los desahucios y una bolsa de viviendas para realojos y emperencias. Por último incluye un programa de becas, premios de arquitectura, jornadas de formación y un foro permanente de la Vivienda en Andalucía.