Ecologistas avisa de que la reclasificación de terrenos de Motril esconde una ilegalidad

En un informe municipal se afirma que las leyes de transparencia no entran en vigor hasta el próximo diciembre, pese a que es “falso” porque lo hicieron “en 2015”

El pleno del Ayuntamiento de Motril (Granada) abordará mañana el cambio de clasificación de unos 22.000 metros cuadrados de suelo protegido a urbanizable, después de parar en seco la anterior convocatoria tras advertir Ecologistas en Acción que se gestaba un “pelotazo urbanístico”.

La organización “verde” avisa ahora de que el informe jurídico-técnico por el que se han rechazado sus alegaciones a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Motril que tiene por objeto la mencionada reclasificación, “firmado por el jefe de Urbanismo local, la asesora jurídica de ese departamento y con la conformidad del secretario general de la Corporación”, esconde una “falsedad”. ¿De qué se trata?

En el documento, consultado por LA RAZÓN, se asevera que “la transparencia de la actividad pública”, regulado en la ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, se aplicará “a las entidades locales” de Andalucía “en diciembre de 2016”, por lo que, “no son de aplicación al procedimiento de innovación de la modificación del PGOU” las normas de transparencia -la estatal y su desarrollo autonómico 1/2014-. Es decir, ésa sería la causa de que no se hayan publicado en la web municipal los documentos de la reclasificación, como exigen los ecologistas. “Pero esa afirmación es falsa. Esa ley es de aplicación desde el 11 de diciembre de 2015 para todos los ayuntamientos de España, incluyendo obviamente al de Motril”, defienden con rotundidad desde la organización ecologista. Y añaden en su escrito, fechado el 3 de noviembre y al que ha tenido acceso también este periódico: “Los firmantes y el confirmante de ese informe lo saben perfectamente, todos ellos por razón de su cargo. Y dado que consta la conformidad del secretario general se entiende que asume la responsabilidad del informe”, se desliza.

Para Ecologistas en Acción “el hecho es muy grave”, dado que entienden que “es imposible que esos funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, no conozcan las obligaciones que impone esa ley”, sobre todo, “cuando el propio servicio de Urbanismo la está aplicando a otra pequeña modificación urbanística que se está tramitando actualmente y que puede verse completa en la web municipal”, apuntan fuentes de la entidad. De hecho, en un acta de la comisión técnica que se creó para el estudio de la aplicación de las leyes de transparencia en la Diputación Provincial de Granada se recoge que “de acuerdo” con las normas estatal y autonómica, “el plazo máximo para la adaptación por los órganos de las entidades locales a las obligaciones contenidas” en ellas “es hasta el 10 de diciembre de 2015”. Desde esa realidad, los ecologistas lanzan una batería de preguntas: “¿Por qué realiza el Ayuntamiento de Motril un trato preferente a la reclasificación de terrenos agrícolas protegidos frente a otras modificaciones urbanísticas?, ¿por qué tiene tanto interés el Consistorio en no mostrar en su web el contenido completo de los datos de la reclasificación, hasta el punto de falsear la fecha de aplicación de un ley?, ¿por qué se reclasifican 22.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable para convertirlo en comercial, si el municipio cuenta ya con 235.000 de terreno urbano y urbanizable para implantar actividades comerciales?”. “¿Cuánto dinero van a ganar los antiguos propietarios del terreno después de reclasificarlo y qué se esconde detrás de esta operación?”, rematan.