El alcalde de La Algaba declara por presunto delito urbanístico

El alcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera (PSOE), ha sido hoy citado a declarar en calidad de «querellado» por el Juzgado de Instrucción número 4, según figura en una providencia de la citada instancia judicial recogida por Europa Press. Las diligencias, según IU-CA, responden a un posible «delito urbanístico» relacionado con la autorización de las obras de una gran superficie comercial en terrenos que el plan general de ordenación urbana (PGOU) destinaría «a viviendas», según la federación de izquierdas.

Junto a Diego Manuel Agüera, está llamado también a declarar el arquitecto municipal Rafael Corvillo Pedregal, mientras para el 6 de mayo han sido citados dos testigos. El primer edil de La Algaba, cabe recordarlo, había sido ya imputado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla a cuenta de una denuncia promovida en torno a los desarrollos urbanísticos de la zona residencial bautizada como El Manjar.

Juicio al ex alcalde de IU

Por otro lado, la Audiencia de Sevilla juzgará el 25 de junio a José Luis Vega (IU), ex alcalde de La Algaba, para quien el fiscal pide una condena de tres años y cuatro meses de cárcel, junto a diez años de inhabilitación, por pedir presuntamente un cohecho de 60.000 euros a cambio de conceder una licencia. El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, dice que Vega, que fue alcalde entre el 2003 y el 2009, era «claramente consciente de que no se cumplían los requisitos urbanísticos para conceder la licencia de primera ocupación» en dos proyectos de la Unidad de Ejecución 10 de la localidad.

Pese a ello, el 16 de julio del 2008 concedió dos licencias de primera ocupación mediante sendos decretos y con el informe en contra de la oficial mayor del Ayuntamiento. Afirma el fiscal que «este cambio de posición del acusado vino motivado porque había solicitado, de forma indebida y con ánimo de lucro propio, una cantidad de 60.000 euros para concederlas». Posteriormente rebajó su petición a la empresa constructora Arcopro S.L. a 30.000 euros, precisa la acusación. Como sospechaba que había sido grabado, otorgó las licencias para evitar la difusión pública de las cintas y pese a que la constructora se había negado a pagar.