El alumnado con necesidades educativas especiales, sin material

Tres semanas después de arrancar el curso, el contrato que ha de cubrir las ayudas técnicas para los menores ha quedado suspendido. Alarmante falta de recursos. «¿Tablet? Llevamos un año esperando una simple camilla», dice una monitora.

La inclusión de los alumnos con necesidades especiales en los centros de enseñanza andaluza no termina con la matriculación y la contratación del personal que ha de atenderlos –que no está libre de problemas–. Sin el material específico, las tareas de apoyo se complican mucho y hasta puede llegar a ser imposible la tan cacareada integración escolar del sistema público andaluz. Hablamos de cuestiones básicas como ayudas técnicas para el aseo: asientos de inodoros, barras de sujeción y sillas de baño; ayudas técnicas para la comunicación auditiva: emisoras de frecuencia modulada o receptores para emisora con bucle magnético; sillas corsé; ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento: arnés, brazos flexibles con bandeja para sillas de ruedas, brazo de pie con ruedas, respaldos, atriles de lectura, reposacabezas, brazos articulados, camillas eléctricas, balones de rehabilitación y psicomotricidad, cascos, muñequeras, tronas, kits de cuñas; y ayudas técnicas para el desplazamiento: grúas elevadoras, andadores, arnés de cuerpo completo, arnés con cinturón, andadores...; pero también, ayudas técnicas para la comunicación como juguetes adaptados, murales interactivos y comunicadores de mensajes. Entre los diferentes lotes licitados por la Agencia Pública Andaluza de Educación de la consejería del ramo se encuentra, además de todo lo mencionado, el software específico de acceso a ordenadores por mirada o voz y dispositivos móviles, con sus correspondientes periféricos y accesorios.

A priori, todo parece estar contemplado y programado para dar respuesta a las necesidades del alumnado más vulnerable en función de las estimaciones realizadas por los equipos de orientación educativa especializados de cada provincia. Sólo es en apariencia, pese a que para el conjunto de la comunidad, la Junta de Andalucía destina 1.295.169,30 euros (valor estimado del contrato, dividido en 9 lotes) para el curso 2016-17. Es apariencia porque el procedimiento no se suele ajustar al calendario escolar. Y si sucede como este año, alumnos y profesionales se encuentran con que tres semanas después de iniciarse las clases, las empresas que han de surtir el material no están siquiera seleccionadas y el Tribunal de Recursos Contractuales ha suspendido parcialmente el correspondiente concurso.

El contrato en cuestión aborda el «suministro y entrega de material específico para ayudas técnicas para alumnos con necesidades específicas derivadas de discapacidades» y su licitación arrancó en el mes de julio, tres meses después de que Educación disponga de los expedientes de los equipos de orientación (19 de abril para ser exactos), porque la Junta esperó hasta que finalizó el plazo de prescripciones y matriculaciones para el curso 2016-17. Así, la fecha límite para presentar ofertas por parte de las empresas concluyó el 8 de agosto. Durante el proceso de adjudicación, una de ellas, Ilunion Salud SA, interpuso un recurso especial en materia de contratación (5 de septiembre) solicitando la suspensión del procedimiento tras quedar excluida de la licitación que, con fecha 29 de septiembre, el Tribunal resuelve conceder.

La Agencia Pública de Educación argumenta en su defensa el perjuicio público que causa esta suspensión, con una previsión de 778 centros, tanto públicos como concertados, afectados y un total de 1.908 alumnos a los que irían dirigidos estos recursos, correspondiente a cuatro de los nueve lotes en los que queda dividido el contrato, con ayudas técnicas de comunicación, aplicaciones software, periféricos y accesorios.

La ejecución, en cualquier caso, va con retraso y las quejas de los profesionales van en aumento por la alarmante falta de recursos. «¿Una tablet? Llevamos un año esperando una simple camilla», dice una monitora de un colegio sevillano. «El escaso material de que disponemos lo compra el propio centro; básicamente papel de manos, guantes y mascarillas. Hay otros colegios que ni eso. Este año me he tenido que comprar una faja para poder coger a un menor y, por supuesto, sale de los escasos 600 euros de sueldo», agrega.

Otra profesional de la provincia de Málaga que trabaja en un aula específica de educación especial (EEE) recuerda que el curso pasado solicitaron material, como dispositivos móviles e interactivos, pero «nada de nada». Problemas que incluso quedan en segundo plano, porque en esa misma clase «hemos estado sin PT –maestro en pedagogía terapéutica– desde que comenzó el curso hasta el pasado viernes. ¡Un aula específica sin profesor!», se lamenta.

Así, los principios para «el acceso y desarrollo de una educación efectiva» que defiende la Junta, teniendo en cuenta «tanto la calidad como la equidad en la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias», quedan profundamente limitados.

La táctica de la «confusión» con la Atención temprana

La presidenta de la Junta, precisamente ayer, visitaba las instalaciones de la asociación de personas con discapacidad «La Canariega» en Almonte (Huelva) y destacaba la apuesta del Gobierno andaluz por la atención temprana, al multiplicar la inversión con 15 millones más, poniendo de manifiesto los esfuerzos por detectar «de manera precoz aquellas enfermedades que lastran el desarrollo inclusivo de estos niños». Díaz mezcló materias diversas, como los niños con trastornos con la Ley de Dependencia, para argumentar que la Junta atiende «a las personas que más lo merecen y que tienen ese derecho desde los cero años hasta el final de sus días, de mantener el desarrollo de una vida inclusiva». Esto provocó la reacción de la Plataforma de Atención Temprana, que acusó a la socialista de «utilizar a los niños andaluces con trastornos para ganarse a la opinión pública y confundir a las familias», creando lo que consideró «expectativas falsas que no obedecen ni a la realidad ni a su voluntad». La presidenta niega de forma «sistemática» el diálogo con la plataforma que representa a las familias.