El auxilio regional de los privilegios

En el momento de mayor contestación social contra el sistema autonómico, el presidente del Gobierno de la Nación acaba de reunirse con los presidentes de Aragón y Andalucía para escenificar una suerte de consenso políticamente transversal (entre PP y PSOE) que active la reforma del sistema de financiación de las autonomías.

Como el único documento que existe sobre la mesa es el Informe del Comité de Expertos en la materia entregado al Ministerio de Hacienda en Julio de 2017, pudiera pensarse que las posiciones defendidas por una y otra región en dicho informe estarían próximas y no muy distantes a las del gobierno.

Una posibilidad de explorar esta justificación consiste en leer detenidamente los votos particulares incluidos en la redacción final por los representantes de estas regiones en el Comité de Expertos que estuvo integrado por los representantes de las regiones de régimen de financiación común (todas menos Navarra y las provincias vascas) y de la Administración General del Estado. La excepción fue Cataluña que, como parte de la escenificación del golpe de Estado, no envió a su representante.

Los representantes de Aragón y de Andalucía no coincidieron en sus votos particulares. En el primer caso, el profesor Alain Cuenca –economista que ha ocupado diferentes cargos en gobiernos socialistas– suscribió un voto a favor de mantener la cláusula de «statu quo». La supresión de esta cláusula –que podría ser la opinión mayoritaria de los expertos– supondría que ninguna región perdería su puesto en el «ranking» de recursos recibidos en el año de partida o año base pero que las compensaciones desaparecerían gradualmente durante los años en los que se fuese aplicando el modelo. Este voto particular fue suscrito, además de por el representante de Aragón, por los representantes de Cantabria, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y por uno de los representantes de la Administración General del Estado. Fue un voto con un fundamento esencialmente económico; todos los que lo suscribieron fueron economistas salvo la profesora Elena Manzano, representante de Extremadura y profesora de Derecho Tributario.

El profesor Francisco Javier Adame, representante de Andalucía, suscribió un voto particular contra el denominado principio de «ordinalidad» y en defensa de la nivelación total entre regiones. Realmente fue un voto valiente y fundamentado contra lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que en su artículo 206.5 establecía que «El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación». Este voto fue suscrito también por la mencionada representante de Extremadura y por el de Castilla-La Mancha. Fue un voto principalmente jurídico pues dos de sus tres firmantes son expertos en la materia. Así las cosas, la concertación entre el presidente de la Nación y de las regiones de Aragón y Andalucía no parece responder a una coincidencia de planteamientos en este informe. De hecho, en los votos particulares han coincidido expertos que representaban a regiones de diferente signo político lo que pone de manifiesto una notable presencia de los argumentos técnicos sobre los políticos.

Para mayor abundamiento no se debe perder de vista que los informes técnicos sólo son el punto de partida de procesos de negociación política cuyo resultado final a menudo se distancia extraordinariamente del punto de partida. Esto es muy de esperar en materias como el sistema de financiación autonómica cuyas reformas siempre han terminado dotando de más recursos a los gobiernos regionales. Una mayor dotación que nunca puede saciar la voracidad de gasto de unas administraciones acostumbradas a gobernar a partir de lo que se llaman «restricciones presupuestarias blandas», esto es, evadiendo los costes políticos de su elevado nivel de gasto mediante el recurso al rescate del Gobierno central. Es por esto que a nadie debería sorprender que parte del acuerdo final pase por una quita de la deuda contraída con el Estado por los gobiernos autonómicos a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Algo sobre cuyas perversas consecuencias ya se han pronunciado voces más notorias que la de quien suscribe.

Lo que sí han dejado pasar tanto los presidentes de Aragón como de Andalucía es la posibilidad de reducir la injusticia que supone el sistema de financiación foral vasco (también el navarro). Si los representantes regionales del PSOE de estas comunidades hubiesen prestado un apoyo parcial al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, la posición de poder que ha tomado el Partido Nacionalista Vasco ni hubiera existido ni se hubiese vuelto a ver premiada con un acuerdo de cupo privilegiado.

Las comunidades forales deberían contribuir a los mecanismos de nivelación entre regiones pero no lo hacen. A cambio sólo pagan una cantidad (cupo o aportación) que debería cubrir la parte que les corresponde del coste de las (pocas) competencias del Estado no transferidas por los gobiernos del PSOE y del PP. Incluso así, el cálculo de este coste está muy sesgado a la baja, tanto que deja a las regiones forales con una financiación por habitante ajustado en torno al doble de la del resto de las regiones españolas. En este sentido, José Agustín Manzano Mozo, director de tributos de Castilla y León para la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España, denuncia en un reciente informe que el País Vasco debería pagar 5.311 millones de euros más al Estado de lo que se acordó con el Gobierno. El acuerdo del PP con el PNV y la falta de apoyo del PSOE al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado han vuelto a permitir este privilegio.