El bipartito amenaza con hasta 110 millones de multa a la Sareb por sus VPO

El «banco malo» alegará y recuerda a la Junta que recibió 200.000 pisos en dos meses

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés

El bipartito andaluz, con IU al mando de la rotativa de los titulares, anunció ayer la apertura de un expediente a la Sareb por «incumplir la función social de sus viviendas protegidas». La estrategia del viento que hace ruido y agita las ramas. La Sareb presentará alegaciones y recordó a la Junta que en apenas dos meses se recibieron 200.000 activos inmobiliarios y se ha precisado más de un año para completar la información y poder registrarlos. «Los plazos son imposibles de cumplir» y así lo han entendido todas las administraciones... salvo la Junta de Andalucía.

La Consejería de Fomento y Vivienda anunció que ha abierto dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el conocido como «banco malo», «por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus VPO en la comunidad». Las posibles sanciones ascienden a un máximo de 109,44 millones, siempre que la Sareb no acredite ante la Consejería de Elena Cortés haber puesto a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de VPO los al menos 911 inmuebles de esta tipología que posee en Andalucía.

El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la Administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. La Consejería ha notificado a la Sareb «el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda».

La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus VPO a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes. La Consejería ha enviado a la Sareb un requerimiento oficial de información y documentación acreditativa de la puesta a disposición de sus VPO en los registros. Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros.

La Consejería tuvo conocimiento de la existencia de 911 VPO titularidad de la Sareb que supuestamente incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión. El Gobierno de España recurrió ante el TC el 18 de diciembre de 2013 varios preceptos la Ley de Función Social, adjuntando un informe de la Sareb que señalaba que «en torno a un 12%» de su cartera se encuentra radicado en el territorio andaluz y cifraba en 911 las VPO. La Junta de Andalucía argumenta que la norma no se impugnó en su totalidad, por lo que «los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes».

La consejera de Fomento y Vivienda indicó que las VPO «no están en venta en Andalucía para ningún salón inmobiliario sino para que sea efectivo el derecho humano a la vivienda». Elena Cortés incidió en que las VPO han sido financiadas «con dinero público» para, precisamente, «hacer posible ese derecho». El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, manifestó que «no es de recibo que si (la Sareb) tiene viviendas y las tiene cerradas, no las ponga a conocimiento de la Junta». Valderas ve «una contradicción» en el recurso del Gobierno a la Ley de Función Social y el hecho de que no informe de sus VPO.

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, defendió la «importante y muy compleja» labor de la Sareb en el proceso de reestructuración y saneamiento del sector financiero. La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, instó a la Junta a trabajar conjuntamente en un asunto «tan sensible» como el de la vivienda y a no crear «confrontación ni hacer política de cara a la galería». Crespo criticó que el Gobierno andaluz «no haya hecho un esfuerzo especial» para poner a disposición de las familias más necesitadas las viviendas del parque público de EPSA. Crespo recordó que el Gobierno transfiere 127 millones al año para VPO y «hay diez millones que la Junta no ha justificado, debiéndole once a promotores de VPO». La delegada criticó que la ley antidesahucios «se quiso imponer, creando inseguridad jurídica y distinguiendo un territorio de otro».

El PSOE, rehén de IU en el bipartito, se limitó a decir que la Sareb está obligada a cumplir la ley. Desde IU, Maíllo recordó que hay artículos de la norma que están «vigentes». El PP-A solicitó a la Junta que «deje de mirar a los demás» y admita que no adjudica sus «pisos vacíos» a los más necesitados. Los populares criticaron la bicefalia, con Susana Díaz fotografiándose con Botín e IU queriendo expropiar a los bancos.