El Bipartito pide una comisión bilateral del decreto de vivienda

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta ha solicitado al Gobierno central la convocatoria de una comisión bilateral para analizar los supuestos conflictos de competencias que ha esgrimido el Ejecutivo español en relación con el Decreto- Ley de la función social de la vivienda y plantear «medidas para su resolución en el ámbito de la cooperación entre administraciones y no en el marco judicial», según explicó el viceconsejero del departamento, José Antonio García Cebrián.

Esta comisión es un órgano de cooperación interadministrativa recogido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. El plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad es de tres meses desde su entrada en vigor. No obstante, si antes de que finalice ese periodo se convoca, esos tres meses podrían ampliarse a nueve si se adopta acuerdo de negociación para resolver las discrepancias y se comunica al Tribunal Constitucional (TC).

«El recurso que ha anunciado el Gobierno es absolutamente innecesario y precipitado, más aún cuando lo que está en juego es la protección de familias en situación extrema, y a las que el decreto da una oportunidad de salir adelante», apostilló García.

El viceconsejero insistió en que la comisión bilateral es «el foro adecuado para estudiar la aplicación de la normativa, evaluar sus consecuencias y dirimir las cuestiones entre la comunidad autónoma y el Gobierno». Así, consideró fundamental por parte del Ejecutivo central y de la Junta «sentarse y reflexionar».

A su entender, «es necesario poner fin a una actitud de atolondramiento del PP en el enfoque de la política de vivienda».

El recurso, que podría suponer la suspensión cautelar de la aplicación de la norma, supondría «un revés del Gobierno a quienes menos tienen y más necesitan de las administraciones» recalcó, para reiterar que la constitucionalidad de la norma andaluza es «absolutamente evidente».