El cerco a la competencia provocó sanciones por 1,7 millones en seis años

Contar con mercados sin conductas oscuras es un grial esquivo. La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) tiene entre sus objetivos prioritarios disuadir a los operadores económicos de realizar conductas prohibidas por la legislación en esa materia que pudieran obstaculizar el funcionamiento dinámico de aquéllos. Una tarea minuciosa que a veces acaba en sanciones.

Esas actuaciones vedadas están definidas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y pasan por conductas colusorias, esto es, cualquier forma de concertación o acuerdo de voluntades de dos o más entes independientes entre sí para impedir o restringir la competencia –lo que se investiga en procesos judiciales como el «caso Infoca» o el vinculado al llamado «cártel del fuego»–; prácticas unilaterales que constituyan un abuso de una posición de dominio; o los actos desleales que afecten al interés público. Dentro de la mencionada agencia es el departamento de Investigación el encargado de llevar a cabo la instrucción de los procesos sancionadores y el Consejo de Defensa de la Competencia el que resuelve. Establecidas esas bases, de la memoria de actividades de la ADCA relativa a 2016 se puede extraer un dato significativo: entre 2010 y 2016 este organismo impuso sanciones por un importe de casi 1,7 millones, en concreto 1.697.276,04 euros. De éstos, 320.260 corresponden a ese primer año, 206.730 a 2011 y 106.125 a 2012. En 2013 la cuantía disminuyó hasta los 74.255, que se elevaron a los 396.734,17 euros en 2014 y fue de 258.608,47 en 2015. Por último, en el ejercicio de 2016 las multas impuestas por el consejo ascendieron a 334.563,40 euros. Si bien, la propia agencia recoge en su informe que a veces sentencias judiciales pueden suponer la anulación total o parcial de las mismas.

Más allá de las cifras, en la memoria consultada por LA RAZÓN se explica que de los 15 años de vigencia del sistema descentralizado de defensa de la competencia en España que se cumplían en 2016, la ADCA sólo ha estado presente a partir de 2008 que entró en funcionamiento. Si bien «se ha consolidado como la comunidad autónoma con un mayor nivel de actividad, a juzgar tanto por el número de asuntos tratados, como por los expedientes incoados y expedientes sancionadores resueltos». En ese sentido, se destaca que «a Andalucía le han correspondido aproximadamente el 20% de los asuntos asignados» a las regiones en los cinco últimos ejercicios cerrados en aquel momento.

En 2016 se mantuvo el incremento en el nivel de actividad de la agencia en el área de defensa de la competencia tanto por el número de nuevos asuntos gestionados, 31, como por el de expedientes incoados, un global de nueve. Entre los 31 se incluyeron, a la luz de lo detallado en el documento desgranado por este periódico, «27 denuncias» y «cuatro actuaciones emprendidas de oficio». Respecto al ámbito geográfico de esas actuaciones se asevera que «si bien existen entradas» ligadas al conjunto del territorio andaluz y a cada una de las ocho provincias que lo conforman, «destacan las provincias de Málaga con 7 y Cádiz con 6».

En el recopilatorio se alude a la variedad de sectores económicos a los que alcanzó la acción de la agencia. A los habituales como «el transporte por taxi» o los servicios «mortuorios», «notariales» y «técnicos de arquitectura», se añadieron otros en 2016 en los que hasta entonces no se había abierto expediente sancionador alguno como «el sector audiovisual, la gestión de puertos deportivos o las actividades hospitalarias».