El Consejo de Gobierno echa el resto de cara a las elecciones

La Junta aprueba un plan para autónomos con 434 millones, congela las tasas universitarias, ratifica la recuperación de la extra de los funcionarios y amplía en 4 millones la atención temprana.

La ley electoral marca que ya no se pueden publicar encuestas y prohíbe al Gobierno en funciones realizar inauguraciones, pero no entra en que los ejecutivos de las CC AA carguen la agenda de medidas más o menos electorales y/o electoralistas. El apelativo «los martes al sol» se ha adueñado de las sesiones del Consejo de Gobierno en los últimos años debido a que, salvo nombramientos, el margen para tomar medidas durante la crisis resulta escaso. La Junta de Andalucía anunció ayer el Plan de actuación para el trabajo autónomo «Horizonte 2020»; la congelación de las tasas universitarias por cuarto año; el acuerdo de la Mesa general de negociación por el que se aprueba la recuperación progresiva de los derechos suspendidos (esto es, la devolución de la paga extra); y la transferencia de créditos por importe de cuatro millones, con destino al Programa de atención infantil temprana.

El Plan de actuación para el trabajo autónomo de Andalucía contará con 434 millones hasta 2020. Cuenta con 35 medidas, entre las que destacan incentivos directos e indirectos, según informó la Junta. Los objetivos son el fomento empresarial, la mejora socio-laboral y la promoción del conocimiento del sector. «Se pretende crear y consolidar a las empresas de trabajo autónomo; generar empleo; favorecer el relevo generacional e impulsar el emprendimiento en el mundo rural; estimular la competitividad; y mejorar la simplificación administrativa. Entre las iniciativas de apoyo al sector destaca la concesión de ayudas a todo desempleado inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo que inicie su actividad como autónomo, «una medida que tendrá especial incidencia en las mujeres, jóvenes menores de 30 años y mayores de 45, y a los autónomos que, con una antigüedad de entre tres y seis años, incrementen su plantilla». También se fomentarán las prácticas profesionales con autónomos que tengan como fin el traspaso del negocio. La Junta recoge que «el trabajo autónomo tiene un notable papel en el desarrollo regional». La estructura productiva andaluza está configurada en casi un 96% por empresas de menos de 10 trabajadores y la mitad de ellas son personas físicas. El perfil del autónomo andaluz es el de una persona de entre 40 y 54 años, con estudios medios, un negocio con más de cinco años de antigüedad y dedicado al sector servicios. En los últimos años se ha producido un incremento sustancial de la presencia de la mujer en este sector, y representa ya casi el 35% del colectivo, señaló la Oficina del Portavoz.

La Junta también anunció el mantenimiento de los precios de las matrículas universitarias para el próximo curso, situándolo «en el mínimo de la horquilla fijada por el Ministerio de Educación». «Junto a ello, se mantiene la posibilidad de fraccionamiento de la matrícula hasta en ocho plazos para todos los alumnos que lo soliciten, independientemente de que cumplan los requisitos económicos de las becas estatales de carácter general y movilidad», indicó el Ejecutivo andaluz.

Los recortes para cumplir con el objetivo de déficit afectaron al bolsillo de los 270.000 asalariados de la Junta (entre funcionarios, interinos, laborales y eventuales). El compromiso de la restituir los derechos de los funcionarios es una promesa de Susana Díaz que viene de largo. El Gobierno del PP ya anunció, también antes de la convocatoria electoral, el compromiso de devolver a los funcionarios del Estado la mitad de la paga extra de Navidad pendiente desde 2012, que fue suprimida por el plan de ajuste. La Junta se suma ahora, con el 26J a la vista, a la restitución de derechos, tras meses postergando el calendario con los sindicatos y a pesar de que no había recogido en las cuentas los aproximadamente 570 millones adicionales que cuesta abonar a los trabajadores el 75% de la extra aún pendiente de pagar.

El Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo suscrito el 2 de junio por la Mesa general de negociación vomún del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta, que supondrá la recuperación progresiva de los derechos suspendidos en 2012 como consecuencia de la aplicación en Andalucía de las normativas estatales de reequilibrio económico-financiero, señaló ayer el portavoz Miguel Ángel Vázquez.

El acuerdo, suscrito entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, beneficiará a más de 270.000 empleados y fija el calendario de desarrollo desde este año hasta 2019. Entre los derechos que se repondrán destacan la jornada laboral de 35 horas semanales, que volverá a implantarse a partir de 2017, y la devolución de la paga extra completa de diciembre de 2012. Respecto a la jornada, la medida tendrá en cuenta las características especiales del sector sanitario, donde se aplicará en función de los turnos de trabajo diario, mientras que en el ámbito docente se implantará progresivamente a partir del curso 2017-2018 por razones de organización y planificación del calendario escolar. Asimismo, «se establece la restitución progresiva del 10% que se suprimió de los conceptos retributivos variables por consecución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, atención continuada y carrera profesional, entre otros». El convenio ratificado por el Consejo recoge el compromiso de revisión del catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones en los días de ausencia que provoquen.

Por otro lado, tras rechazar en el Parlamento con la aquiescencia de Ciudadanos la proposición de ley para la atención temprana, la Junta ha aprobado una transferencia de créditos por importe de cuatro millones. El Consejo de Gobierno recoge que «el decreto regulador de la prestación, aprobado por el Ejecutivo en abril, preveía triplicar los recursos de este servicio hasta alcanzar los 33 millones en 2019, con una distribución acumulativa: cuatro millones en el presente ejercicio hasta llegar a 15,7; cinco en 2017; seis en 2018, y ocho en 2019». La norma dispone la creación en otoño de un mínimo de once unidades de atención temprana en la comunidad.

Un plan al margen de los colectivos

El presidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor, mostró ayer su «sorpresa» por la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Plan de Actuación del Trabajo Autónomo (PATA) sin que las organizaciones representativas del colectivo cuenten con «el texto definitivo». Amor señaló a Europa Press que el último texto que conocen al respecto es el borrador de octubre de 2015, el cual no gustó al colectivo. Por su parte, Uatae-A se congratuló de la aprobación del plan, pero avisó de que estará vigilante para el cumplimiento del mismo, principalmente en lo relativo a la ejecución de presupuestos y cumplimiento de plazos. «Los autónomos no pueden esperar meses y meses a recibir una ayuda que ya les ha sido asignada», indicó el secretario de Organización de Uatae-A, Pepe Galván. UPTA-Andalucía aplaudió que el plan sea «una realidad» ya que «llevamos demasiado tiempo esperándolo desde la aprobación de su formulación hace más de un año» y lamentó «conocer esta noticia tan esperada y relevante a través de los medios».