El Defensor del Pueblo detecta opacidad en la gestión de la Junta del canon del agua

Hacienda ha recaudado hasta agosto 115 millones que deberían invertirse en obras hídricas.

El Defensor del Pueblo andaluz ha concluido su actuación de oficio sobre las obras de depuración aprobadas por el Gobierno andaluz en 2010 para cumplir la Directiva Marco del Agua cuestionando la transparencia de la Junta, en especial, sobre el canon finalista que creó para sufragarlas.

El Defensor, que informará de esta actuación al Parlamento de Andalucía en su próximo Informe Anual, sostiene que de sus tres recomendaciones a la Consejería de Medio Ambiente, solo una está en vías de aplicación, aunque ignora en qué fase; otra se ha desatendido, y la tercera se ha aceptado «parcialmente». Hay que recordar que el PP ya amagó con acudir a los tribunales por lo que entienden un «fraude y un engaño masivo» con el canon del agua. Según esta formación, se han perdido 287 millones de euros de este impuesto al no cumplir su finalidad, que no es otra que la mejora de las infraestructuras hídricas. La Junta recaudó el año pasado 102 millones de euros por este tributo, un 15,3 más que en 2014 (88 millones). Esta cifra ya se ha superado en la recaudación acumulada hasta agosto, que se eleva a los 115 millones de euros, un 17 por ciento más que en los ocho primeros meses de 2015.

El Defensor del Pueblo recomendó a Medio Ambiente que adoptara las medidas oportunas «para dar la máxima difusión» del estado de ejecución de estas obras y de «los criterios objetivos y públicos de priorización» de las pendientes de ejecutar.

Respecto a esta recomendación, Medio Ambiente informó al Defensor su intención de contratar una herramienta informática para facilitar dicha información y aseguró que trabaja en el balance, a 31 de diciembre de 2015, de la ejecución de estas obras. El Defensor entiende que esta recomendación «se encuentra en vías de ser cumplida», pero advierte de que «nada se nos informaba acerca de la fecha aproximada en la que se va a proceder a la contratación de la herramienta informática imprescindible para esa finalidad». Su segunda recomendación pedía a Medio Ambiente que informase de los «criterios objetivos y públicos» para priorizar las obras pendientes, y que fijase «un plazo límite para su terminación». El Defensor sostiene que la respuesta de Medio Ambiente evidencia que prioriza «únicamente» las obras de depuración «incursas en alguno de los procedimientos sancionadores abiertos por la Comisión Europea» y no «en función de criterios tales como la población, espacios protegidos, riesgos, etc».

Se da la circunstancia de que la Comisión Europea ha solicitado hace unos días al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que multe a España con 46,5 millones de euros por la falta o mal funcionamiento de depuradoras en 17 núcleos urbanos, entre ellos los andaluces de Matalascañas, Alhaurín el Grande o Isla Cristina.