El dictamen de la comisión no se debatirá en la Cámara hasta dentro de cinco meses

La comisión parlamentaria que investiga lo sucedido en los cursos de formación no forzará el paso. El órgano aprobó en la tarde de ayer el calendario de trabajo, según el cual, el presidente, Julio Díaz (Ciudadanos), tendrá hasta el 31 de enero próximo para elaborar su propuesta de dictamen.

La comisión parlamentaria que investiga lo sucedido en torno a los cursos de formación financiados por la Junta no forzará el paso. El órgano aprobó en la tarde de ayer el calendario de trabajo que seguirá hasta su conclusión, según el cual, el presidente, Julio Díaz (Ciudadanos), tendrá hasta el 31 de enero próximo para elaborar su propuesta de dictamen, que ha de ser una síntesis de las conclusiones que presentaron a finales de septiembre los distintos partidos que integran la comisión –PSOE, PP-A, Podemos, Ciudadanos (C’s) e IULV-CA– . Mientras en el caso de la comisión de investigación que se creo en 2012 por los ERE irregulares, ese texto se elaboró en alrededor de un mes, Díaz contará con cuatro meses para armarlo y presentárselo al resto de comisionados por «voluntad» de todas las formaciones, según el presidente. Luego, de acuerdo a la agenda pactada, los cinco grupos contarán de plazo hasta el 20 de febrero para aportar sus enmiendas al documento. La comisión volverá a reunirse el 6 de marzo para votar tanto las enmiendas como la propuesta global, así como la posibilidad de que se permitan o no la emisión de votos particulares, que, de salir adelante, podrán ser registrados en la Cámara hasta el 10 de marzo. Cumplidos esos pasos, el dictamen estaría en condiciones de poder incluirse en la mesa de la Cámara andaluza del 15 de marzo para ser debatida en el Pleno del Parlamento los días 22 y 23, dentro de cinco meses, aunque este extremo dependerá del calendario de actividad parlamentaria al que se le dé el visto bueno para el siguiente periodo de sesiones.

Al margen de ese esquema temporal, la comisión acordó además solicitar a la mesa la prórroga de sus trabajos hasta el siguiente periodo de sesiones y la devolución a la Junta de los expedientes originales, que se acumulan en la sede de la institución, el antiguo hospital de las Cinco Llagas sevillano. Las copias podrán continuar allí. Fue por ese punto, la documentación proporcionada por el Gobierno andaluz, por el que se produjo el desencuentro del día. Fuentes del ente parlamentario desvelaron a LA RAZÓN que el PP quiso que «se hiciera constar de alguna forma que no había llegado hasta la comisión toda la que se reclamó», petición con la que se alineó Podemos, pero a la que el PSOE se opuso argumentando que «no estaba incluida en el orden del día». El presidente del órgano dio a los socialistas la razón y evitó que se afrontara esa cuestión para, según el PP, «evitar dejar en evidencia» al Ejecutivo regional, «su socio».