El Estado reclamó a la Junta el 19% sin ejecutar de un plan de empleo

A cada tanto, un representante de la Junta reclama al Gobierno central un plan de empleo para Andalucía, comunidad en la que la tasa de paro se ha hecho fuerte (34%). En el sumario del «caso de los cursos de formación» que instruye la jueza Mercedes Alaya se hace referencia a varios destinados a la bahía de Cádiz en un informe sobre su justificación elaborado por la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo del Ministerio del ramo y en el que se ponen de manifiesto algunas anomalías en la gestión de los mismos por parte del Ejecutivo autonómico.

En el documento se explica que el Estado, a través de los Presupuestos Generales para los ejercicios 2008 y 2010, aprobó la financiación para la región de dos planes de empleo destinados a ese área que se concretaron en sendos convenios. El Gobierno andaluz podía dedicar la asignación a dos tipos de actuaciones: acciones de políticas activas para trabajadores en general y otras de carácter social específicamente para los afectados por el cierre de Delphi, en concreto para garantizar, entre otras cuestiones, «un nivel mínimo de ingresos a quienes tuvieran 53 años cumplidos».

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dotó en 2008 a ese plan con 22.177.208 euros y en 2009, 25.322.790. Presentada la justificación de lo actuado por parte de la Junta, en relación a la última cifra, la Subdirección General autora del informe constató la existencia de «un remanente no comprometido» de 4.861.713,37 euros, es decir, esa cuantía, el 19,1% del total, no estaba afecta a ningún pago previsto, no se ejecutó. De hecho, se inició un expediente de reintegro por ese importe ya en noviembre de 2011.

El Ejecutivo autonómico no presentó alegaciones y en mayo de 2012 desde la Dirección General del SEPE se dictó una resolución para recuperar 5.440.457,06 euros, «correspondiendo 4.861.713,37 al principal y 578.743,69 euros al concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención», según se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Ese mismo año, pero en septiembre, la Junta presentó un recurso de alzada contra la liquidación de intereses, alegando que el dinero habría que «detraerlo de los fondos para las actuaciones dirigidas a las políticas activas de empleo», pero se interpuso fuera de plazo y además la exención de ese abono no era posible, ya que la exigencia de los intereses de demora viene impuesta por ley.

Tras varios cruces de documentos más, finalmente en diciembre de 2012, se opta por una propuesta realizada desde el SEPE: los más de 5,4 millones del plan de empleo en la bahía de Cádiz, por lo no ejecutado y los correspondientes intereses, se compensarían con cargo a los fondos objeto de distribución territorial acordados en una «Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales a librar en 2012». O sea, el Estado descontó lo demandado de un reparto regional para empleo.

Por lo que respecta a la línea de acción de los créditos de carácter social, para lo que el Gobierno central concedió 16 millones en 2008 y 2009, el SEPE los revisó a solicitud del Tribunal de Cuentas y detectó «un remanente no justificado de 1.560.515,11 euros». ¿A qué se debía? Los pagos reales efectuados a aseguradoras durante la vigencia del convenio con la Junta –a efectos de justificación del gasto se dio por buena la fecha de los pagos de las pólizas a esas compañías si los beneficiarios eran los trabajadores implicados en el acuerdo– fueron de 14.468.527,47 euros y no de 16. Además se le asignaron 29.042,58 a una empleada que, pese a estar incluida en el listado de beneficiarios de la industria auxiliar de Delphi del Ejecutivo andaluz, trabajó «únicamente un día –el 10 de noviembre de 2007–, con alta y baja en la empresa Clece SA».