El ex chófer de Guerrero se ratifica en las reuniones de su jefe con otros cargos de la Junta

Sus dos declaraciones en sede judicial como investigado en la causa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares –en marzo de 2012 y 2013– provocaron un buen puñado de titulares. A la de ayer, como testigo en una de las piezas en las que se ha desgajado ese caso, la conocida como rama política centrada en el procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas de la Junta, fue convocado por burofax, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Y a preguntas de ésta y del juez Álvaro Martín, Juan Francisco Trujillo Blanco, antiguo chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero –ambos están investigados en el marco procesal de los ERE–, se ratificó en lo expuesto ante la jueza Mercedes Alaya –anterior titular del juzgado instructor sevillano– en relación a reuniones de su ex jefe con otros altos cargos del Gobierno andaluz, en una declaración de unos 17 minutos.

En marzo de 2012 aseveró que el ex consejero de Presidencia y ex vicepresidente del Ejecutivo regional Gaspar Zarrías «lo llamó un par de veces –a Guerrero–» y él mismo lo «llevó» en el coche oficial a «dos reuniones», de una de las cuales el ex director general «salió enfadado». Desveló haber sido testigo de las «coincidencias» de Guerrero «con sus superiores y Juan Lanzas –ex sindicalista de UGT y bautizado en el sumario como el «conseguidor» de los ERE–, en el bar o cafetería donde desayunaban». El mismo mes del siguiente año, aportó, entre otros matices, que Lanzas y Guerrero «eran más que amigos» y que el ex ugetista «presumía de tener línea directa con Zarrías». Dijo tener conocimiento, «por comentarios» del que fuera su superior, de que el ex titular de Presidencia «llamó» a éste «en varias ocasiones» para «incluir a personas en prejubilaciones» e hizo «gestiones» con él «para que le dieran ayudas a una empresa azulejera de Vilches». Afirmó saber, de nuevo porque el entonces director general así se lo trasladó, que éste «se reunió con Griñán, que era consejero de Hacienda –luego sería presidente de la Junta–, y también con el secretario de Hacienda o el secretario de Economía, para desatascar el retraso que había en los pagos de subvenciones, pólizas y ayudas». Unas confesiones que incluyeron la existencia de «llamadas» entre José Antonio Griñán y Guerrero, según el relato destilado de las actas de sus dos comparecencias en el órgano judicial.

Ayer revalidó sus palabras, esta vez ante Martín. Confirmó que Guerrero le había comunicado que se vio con Zarrías, Griñán, Lanzas y el ex consejero de Empleo investigado Antonio Fernández. Relató que se vio con los dos últimos y tomaron un café, a lo que el abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, quiso saber dónde. Trujillo explicó que «en un bar de Hytasa –una avenida de la capital hispalense–» por la mañana y puntualizó, según pudo saber LA RAZÓN, que él mismo fue al establecimiento, pero desconoce de qué hablaron puesto que no podía oírlos, al haber permanecido alejado de la zona en la que se sentaron ellos. ¿Y estuvo presente en alguno de los encuentros de trabajo que había mencionado?, hiló Martínez del Hoyo. «No».

El abogado de Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, por su parte, preguntó a Trujillo si cuando realizó las mediáticas declaraciones que afectaron a su cliente se encontraba detenido, a lo que el aludido respondió que no y el letrado volvió a la carga interesándose por si había estado en prisión, a lo que contestó que sí. El letrado insistió en su queja –expresada ya por escrito en un recurso del auto en el que el magistrado acordó una serie de diligencias en el bloque del procedimiento específico– por que se haya citado a Trujillo como testigo –esto es, sin asistencia letrada y obligado a declarar bajo juramento–, pese a que nada tiene que ver con el objeto de la pieza en la que se le ha convocado ahora, y de que el ex subordinado de Guerrero ya fue imputado en otras diligencias que conforman la «macrocausa».

«Malestar» entre las partes

Otras fuentes del proceso de los ERE mostraron a este periódico su «extrañeza» e incluso su «malestar» por el hecho de que el Ministerio Público «haya descendido a llamarlo para constatar la existencia de reuniones a las que el testigo no pudo asistir nunca por cuanto excedían a las obligaciones de su cargo». «¿Cómo es posible –añadieron fuentes distintas– que a estas alturas de la instrucción se les haya dado el visto bueno a estas diligencias?».

Trujillo aprovechó su traslado a Sevilla desde el municipio jiennense en el que vive y las horas de espera –estaba citado a las 11:30 y entró en Sala a las 14:40– para solicitar un abogado de oficio, un cómplice activo que no tiene.

El abogado Carlos Leal afirma que no le consta que el ex consejero de presidencia ordenara un pago «ilegal»

Otro de los investigados en la matriz del «macroproceso» de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, el abogado Carlos Leal, fue citado ayer a declarar como testigo ante el juez Álvaro Martín dentro de la pieza separada centrada en el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas. Fuentes del caso aseguraron a este periódico que Leal se ratificó en lo expuesto en sede judicial cuando compareció como imputado, si bien, a preguntas de Gonzalo Martínez–Fresneda, abogado del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, indicó que no le consta que éste ordenase ningún pago «ilegal» en relación a los fondos que la Junta concedió a Cárnicas Molina. En ese sentido, explicó que los abonos vinculados a esa empresa se acogían a la Orden Ministerial de 1995, que regulaba las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión o de reestructuración de entidades. Una norma mencionada a menudo a lo largo de la instrucción, especialmente, quiso resaltar el testigo, «en la ratificación del informe realizado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado», según el cual las ayudas a Cárnicas Molina «se podían dar».