El ex consejero Fernández avisa de «los muy dudosos cimientos» del “caso ERE”

Apunta a la Intervención de la Junta y pide, como Zarrías, una batería de testigos para probar su inocencia

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ya ha hecho llegar al juzgado sevillano que instruye el «caso ERE» el escrito de defensa con el que confía en dejar atrás la rama política de la causa, la centrada en el procedimiento específico que se empleó para repartir los fondos públicos, que afecta también a los ex presidentes Chaves y Griñán, entre otros. En un voluminoso documento de 81 páginas, la defensa del ex alto cargo Alfonso Martínez del Hoyo solicita la libre absolución de su cliente en un proceso que «nació y se desarrolló hipertróficamente sobre la base de una serie de equívocos fundamentales» y «adolece de unos muy dudosos cimientos».

El letrado argumenta que, más allá de las divergencias técnicas de criterios que puedan existir en torno a la «adecuación» o no del polémico procedimiento utilizado para nutrir de fondos a los ERE, las transferencias de financiación plasmadas en las leyes de presupuestos al IFA y luego agencia IDEA, que actuaron de cajas pagadoras, la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) «jamás apreció ni causa de ilegalidad» en el mismo ni «riesgo de menoscabo» del dinero público. Es más, Del Hoyo deja constancia en su escrito de que ese órgano de control interno nunca suspendió la tramitación de las ayudas ni paralizó los pagos y no elaboró el correspondiente «informe de actuación» que hubiera provocado que si hubieran existido deficiencias en el sistema, éstas hubieran llegado hasta el Consejo de Gobierno.

Asegura el abogado que no pretenden erigirse en «jueces de la actuación de la IGJA», pero sí dejar constancia de que el actuar de ésta –el no haber emitido reparos suspensivos a las transferencias, cuyo carácter finalista conocía, ni el mencionado informe de actuación– se convirtió en un «legítimo elemento de confianza en la corrección de su propio actuar» por parte de quienes como el ex consejero de Empleo no recibieron alerta alguna sobre la gestión de las ayudas que se estaba llevando a cabo. Para soportar sus tesis, el representante legal de Fernández pide que se practique una hilera de pruebas que incluye, como ya hiciera Zarrías, una batería de testigos, en concreto 15, entre los que se encuentran los ex presidentes del Parlamento Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves. A esto suma una pericial: un informe de un catedrático de Derecho Administrativo de la universidad Pablo de Olavide de Sevilla.