El ex interventor general se alinea con la Junta: la norma no se diseñó «para el fraude»

Atribuye el descontrol de expedientes al baile de competencias formativas, un «pequeño incendio», y sólo admite que ha habido «riesgo de menoscabo» de fondos, para «vanagloriarse» de haberlo detectado

No era un imprevisto. Hace semanas que se anunció que el ex interventor general de la Junta Adolfo García cerraría la primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación parlamentaria nacida en torno a los cursos de formación financiados por la Junta. Lo que los diputados que la integran no sabían es que una respuesta recurrente a sus interrogantes iba a ser «lo desconozco».

García trazó la travesía llevada a cabo por su equipo en torno a los hechos que ahora se analizan, destacando su buen hacer, pero poco aportó sobre el «origen del descontrol», al haberse centrado en «los efectos»; el nivel de implementación de las recomendaciones formuladas por órganos fiscalizadores como la propia Intervención y la Cámara de Cuentas, o los responsables de lo sucedido.

Sobre el germen, se atrevió a aventurar que uno de los motivos de que a menudo «no aparezcan» documentos de expedientes que en teoría habían sido revisados en fase previa y tenían el visto bueno, podría ser el baile de competencias en formación, que pasaron de Empleo a Educación de 2013 y de ésta de vuelta a la primera en 2015. Trasiego que en el argot de la Administración, desveló, se asocia a «un pequeño incendio», o directamente a un «drama», añadiría minutos después.

El ex jefe de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) no puede «creerse» que haya quien fiscalice sin esa documentación «con tanta asiduidad» como la comprobada por su propio órgano. «Me cuesta pensar –expuso– que funcionarios de todas las provincias se hayan puesto de acuerdo, hayan entrado en connivencia, o a todos les haya entrado la misma paranoia, para firmar o proponer a su director provincial o consejero» la rúbrica de «certificados irreales», como la Guardia Civil sostiene que se ha hecho en la comunidad.

A preguntas de varios de los diputados –intervinieron Elena Cortés (IU), Marta Bosquet (C´s), Juan Ignacio Moreno Yagüe (Moreno), Teresa Ruiz-Sillero (PP) y Marisa Bustinduy (PSOE)– sí reconoció que tanto en los informes provinciales sobre las ayudas en materia de formación como en el especial global se constató la existencia de «riesgo de menoscabo» de fondos públicos, pero dijo no poder afirmar que éste en sí se haya producido al no tener «evidencias» ni constancia de que haya habido «un perjuicio económico a la hacienda pública». Reiteró que si hay o no menoscabo –el Ejecutivo regional sostiene que no porque se están abriendo expedientes de reintegro para recuperar las cantidades sin justificar–, lo marcará «un daño cierto» y no sirven las «conjeturas» o las «hipótesis». Punto en el que se distanció de lo aseverado en la comisión por el interventor de Huelva, Miguel Ángel García, y quiso dejar claro que si lo hubiera descubierto, lo habría trasladado al Tribunal de Cuentas o al Ministerio Público. De hecho, el ámbito judicial no le es ajeno ya que, sólo el año pasado tuvo que responder a «cuarenta requerimientos judiciales», varios tribunales les han solicitado informes y «trece interventores» colaboran con la Justicia «como peritos». Unos juzgados que «no cree» estén armando sus procesos «a causa de una mudanza», en palabras de Cortés, quien también replicó que el «pequeño incendio» más bien parece el «coloso en llamas», por lo que a las ayudas para los cursos de formación se refiere. Un fuego, desatado por un Gobierno de José Antonio Griñán y de Susana Díaz –dadas las fechas de los traspasos de competencias–, que Ruiz-Sillero vinculó con un «afán de tapar las irregularidades».

El ex interventor general presumió de que el «problema» se haya detectado «desde dentro de la Administración», incluso apuntó que hay que «vanagloriarse» de que se haya hecho en Andalucía. Se ha actuado, aseveró, de «forma contundente», más de lo habitual, e «inmediata». Si bien, acabó reconociendo a Ruiz-Sillero, quien lo acusó de «tibio» por «no mojarse» como otros de sus colegas, que, pese a que «se están adoptando medidas», derivadas de lo marcado por la Intervención –ésta ha emitido más de nueve informes de actuación por las anomalías–, «seguramente» no «con la celeridad que sería deseable». García defendió también la figura de la exceptuación, conocida como exoneración, para justificar en plazo las ayudas antes de poder solicitar otra. Para el ex interventor general, es una «garantía adicional», una «peculiaridad» de la normativa autonómica, y queda al criterio del gestor decidir «si esa barrera se debe levantar» por motivos de interés social, general u otra causa. Sobre el después de la concesión de las subvenciones, admitió que no existe en la Administración autonómica un listado de expedientes prescritos, sí de las ayudas cuyo plazo de justificación ha pasado, pero no dio detalles de lo que se ha hecho con él, más allá de confirmar su existencia.

¿Quién es el responsable de lo ocurrido? Para el compareciente debe haber «más de uno», si bien evitó señalar a nadie, al entender que «sería temerario insinuar quién puede ser» a la luz de la información de la que dispone. Transmitió que es probable que «nadie en la Junta» conozca el origen del caos, pero es «rocambolesco», a su juicio, que alguien haya dado una orden con la intención de que «los interventores lleguen a una actuación conjunta, coordinada, para relajar los controles; o «impensable» que la normativa estuviera diseñada para el «fraude», puesto que, por contra, es «especialmente exigente». De hecho, advirtió de que quizás se haya «subido tanto el listón» que puedan surgir «dificultades» para cumplirlo.

Desdibujada la actuación anómala reflejada en el espejo de los informes de la Intervención, García pasó por otro asunto sin aclararlo: su dimisión, conocida a finales de enero, días después de confirmarse que sería llamado por la comisión. Negó que su salida, tras tres años en el puesto, se debiera a «motivos políticos», como le planteó directamente Moreno Yagüe. Adujo que se debe a «motivos personales», a lo que sumó su convicción de que en los puestos de control debe existir «rotación». Ha dado por cerrada «una fase».