El exconsejero andaluz de empleo niega que conociera o participara en el ERE de Egmasa

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha negado hoy en su declaración ante la juez que instruye los ERE, María Núñez Bolaños, que tuviera alguna participación o conocimiento concreto del expediente de regulación de empleo de 2003 de la empresa pública Egmasa, que le costó a la Junta 21,6 millones. Fernández, que ha comparecido por sexta vez en este caso, ha sido citado por su participación en el presunto desvío de fondos públicos del ERE de Egmasa, que afectó a 373 trabajadores.

El letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha informado a los periodistas de que su defendido ha dicho a la juez que "para nada tuvo conocimiento concreto"de esta ayuda y que ha negado su participación en ese ERE.

Fernández ha defendido ante Núñez Bolaños que no tiene "ninguna llamada competencial", según su abogado, quien ha agregado que en este caso tuvo "cero competencias y cero intervención".

El abogado ha manifestado que la competencia para formalizar el ERE "es de quien es", nunca del consejero o viceconsejero, y ha recordado que "otra cosa"es la ayuda, que es competencia de la Dirección General de Trabajo.

El exconsejero ha puntualizado que en algunos casos, donde los ERE se hicieron públicos o tuvieron trascendencia mediática, sí pudo tener conocimiento de ellos, pero "en este caso no".

Sin embargo, según su letrado, eso no significa "en absoluto"que esté "tratando de desplazar responsabilidades".

Asimismo, el consejero ha manifestado que actuaba con "absoluta tranquilidad"en base a la "legalidad"de estas ayudas, tanto en su época de viceconsejero como de consejero, y que el procedimiento era "universalmente conocido"por todos los que podían participar, "empezando por la propia Intervención General"de la Junta.

La juez también ha citado para hoy como investigado (término que sustituye al de imputado) al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, pero no ha acudido a declarar porque su abogado ha sufrido un accidente de moto.

Además, prestan hoy declaración ante la juez el exconsejero del IFA Juan Vela Quiroga y la exasesora de Empleo María José Rofa, mientras que el sucesor de Guerrero, Juan Márquez, tampoco lo hará por el fallecimiento de un familiar.

En esta causa también ha sido citado para el 10 de febrero el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que ya declaró ante el Tribunal Supremo porque era diputado y lo hará por primera vez ante la juez, junto a otros cinco investigados y dos testigos.

La juez ha abierto una pieza separada por este ERE y ha citado en total a quince investigados tras la petición que le hizo la Fiscalía Anticorrupción.

La juez entiende que en la concesión de esta ayuda se pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y añade que en la concesión de esta subvención "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que puede ser "causa de nulidad de pleno derecho".

Así se recoge en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que cita la juez, en el que se asegura que "no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo".

La Junta tampoco hizo un análisis económico para ver si eran procedentes estas ayudas ni se han acreditado su carácter excepcional así como tampoco solicitud formal por parte de los beneficiarios ni resolución motivada de las ayudas, según la Intervención.

Efe