El fondo que debe financiar la ley del cine, nueve años sin casi uso

La Junta admite en el Presupuesto de 2018 que hay un descenso «acusado» desde 2013 y que la disponibilidad está sujeta al déficit

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto al ex consejero de Cultura Luciano Alonso y representantes del sector audiovisual andaluz
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto al ex consejero de Cultura Luciano Alonso y representantes del sector audiovisual andaluz

La Junta admite en el Presupuesto de 2018 que hay un descenso «acusado» desde 2013 y que la disponibilidad está sujeta al déficit

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el martes el proyecto de Ley del Cine de Andalucía después de más de tres años de anuncios y negociaciones. Uno de los aspectos que el actual consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez –el tercero desde que se empezó a trabajar en la ley– destacó es que el texto garantizará un marco estable de financiación. En este sentido, el proyecto prevé la creación de este marco económico estable a través de la Cartera de Recursos Económicos para la Cinematografía y la Producción Audiovisual, que, según se anunció, se nutrirá de los presupuestos autonómicos, del Fondo de Apoyo a las Pymes Culturales y de los fondos estatales para el cine cuya gestión corresponda a la Junta, así como de donaciones, transferencias y aportaciones, entre otras fuentes.

Uno de esos pilares es el Fondo de Apoyo a las Pymes Culturales, iniciativa que se encuentra en vigor desde 2009. Más allá de cómo se articule la ley que ahora inicia su trámite parlamentario y cuyo desarrollo está pendiente de una posterior estrategia, este fondo es un buen termómetro para calibrar el posible impacto que tendrá en el sector. Por el momento, no ha sido el esperado. De hecho, esta iniciativa se creó en la ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2009 y desde entonces está adscrito a la Consejería de Cultura con el objetivo de facilitar la financiación de la actividad productiva de estas empresas. Se trata de un fondo sin personalidad jurídica con una dotación patrimonial de 10 millones de euros que básicamente oferta préstamos y avales a las empresas interesadas.

El Presupuesto para el próximo ejercicio, en el que también se incluye, reconoce que no ha funcionado hasta la fecha. Así, en cuanto a los posibles préstamos, apunta que «se mantiene la tendencia, iniciada en el ejercicio 2013, de descenso acusado en el número de operaciones solicitadas y formalizadas». Por ese motivo, «el presupuesto para el ejercicio 2018, por tanto, se ajusta a esta realidad, y se estima un volumen de operaciones de préstamos en línea con los ejercicios precedentes». Se formalizarán sólo dos operaciones.

En cuanto a los avales previstos, el proyecto de presupuesto también señala que «una vez retomada esta línea de actividad tras la forzada paralización del año 2016, se espera una ejecución en línea con lo observado en el transcurso del año 2017». Advierte además de que «la realización de estas operaciones presupuestadas para el ejercicio 2018 puede estar condicionada por lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera». La cifra prevista de avales que se otorgarán será de 23. Unido a los dos préstamos, la Junta presupuesta 725.000 euros

Los impagos es otra de las cuestiones que ha afectado a este fondo –y a otros similares que tiene en funcionamiento la Junta para otros sectores productivos– desde su constitución. En la memoria presupuestaria se admite que «se espera una importante aplicación (menor gasto) de las provisiones para insolvencias de créditos respecto del ejercicio anterior, especialmente por la finalización de alguno de los procesos judiciales de ejecución hipotecaria actualmente en curso. En el caso de la provisión para cubrir responsabilidades inherentes a los avales otorgados, se realizarán las dotaciones correspondientes al desarrollo de una actividad continuada, y levemente creciente, respecto de lo ejecutado durante el 2017».

La memoria ofrece datos exactos de la gestión de este fondo hasta la fecha y los problemas para recuperar cantidades entregadas por la junta a través de préstamos o avaladas. Apunta que «las actuaciones para la recuperación de préstamos en fase de ejecución (judicial o extrajudicial) se realizan por parte la entidad colaboradora Agencia Idea y los equipos de abogados contratados para estos efectos» y «se estima la gestión de un volumen de 9 operaciones de préstamo en esta situación durante el año 2018, que acumularían un principal pendiente de amortizar igual a 1.637.426 euros al cierre de dicho ejercicio». Tampoco ha ido bien en las operaciones de avales, aunque en este caso «no se prevé el inicio de fase ejecutiva», cuestión de la que se encargaría la entidad colaboradora Audiovisual Fianzas SGR.

Con respecto a esto último, «durante el ejercicio 2018 se estima que cobre una especial relevancia la recuperación de determinados recursos como consecuencia de la previsible enajenación de un inmueble adjudicado en sentencia judicial».

El consejero de Cultura aseguró el martes que este fondo no será la única herramienta y que hay una previsión presupuestaria inicial de 48,7 millones de euros hasta el año 2022 garantizada por su departamento.