El gerente de la Fudepa sobre las ayudas: «Era la normalidad de aquel momento»

La Razón
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«Hay que reducirlas al máximo». Así se pronunciaba el presidente de la Cámara de Cuentas sobre el uso que se hace de las subvenciones excepcionales por parte de la Administración. Una fórmula que avala la concesión directa de fondos públicos sin mediar convocatoria abierta en base al «indudable interés público» del objetivo e independientemente de su cuantía. Todas las administraciones públicas recurren a ellas y en demasiadas ocasiones se emplea como argucia para favorecer a determinadas entidades.

Ése sería el caso de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos (Fudepa), ligada a UGT, y centro de ayudas indiscriminadas por parte del Gobierno andaluz. Un «modus operandi» que al gerente de la Fudepa, Rafael Toledano, le parece «normal». Así se lo trasladó a LA RAZÓN tras ser cuestionado sobre la idoneidad de, en concreto, una subvención creada a su medida y destinada a pagar sueldos y facturas de la fundación sindical. «Yo no veo ningún aspecto que se salga de la normalidad de aquel momento», aseguró en una escueta respuesta escrita. Ni al teléfono ni por correo electrónico quiso ofrecer más explicaciones sobre el dinero público que ha percibido la organización, que dirige desde sus orígenes.

Tampoco le extrañó que desde la misma Consejería de Justicia que rechazaba por la vía ordinaria la subvención de un proyecto sobre memoria histórica porque «no se encontraba entre los objetivos» de la fundación, se articulasen medidas excepcionales enmarcadas en la recuperación de la memoria histórica para asumir los gastos de funcionamiento de la entidad: sueldos, facturas e incluso el equipamiento de la sede, que el año antes se había trasladado al antiguo Hospital Militar de Córdoba. En la misma línea, a finales de 2008 Justicia y la Fudepa sellaron otro convenio por la vía de la subvención extraordinaria. En esta ocasión se trataba del «tratamiento documental del archivo histórico de UGT en Andalucía». Una tarea para la que la Junta aportó 60.000 euros, el 80 por ciento de los 75.000 en los que se presupuestó.

Como el de 2009, también se hizo al amparo de la recuperación de la memoria histórica, una opción recurrente por la que la organización no ha cesado de recibir fondos públicos desde que se aprobaron los sucesivos decretos para la restauración de los represaliados en la Guerra Civil y el franquismo. En ese momento, la titular de Justicia era Evangelina Naranjo y tras ser sustituida por Begoña Álvarez el acuerdo sufrió diversas modificaciones, la más significativa, que el plazo de ejecución se amplió de 12 a 18 meses.

El plan presentado por la entidad de UGT contemplaba un presupuesto total de 60.000 euros, pese a que el convenio recoge que ascendía a 75.000. Los 15.000 euros restantes, que debía aportar la Fudepa, no aparecen en las estimaciones. Por conceptos, se destinaron 46.782 euros a salarios; 12.300 a publicaciones y publicidad y 917 a «gastos corrientes».

Naranjo y Manuel Pastrana, presidente de la fundación, sellaron el acuerdo el 29 de diciembre de 2008, aunque el grueso de la cuantía –45.000 de los 60.000 euros– estaba presupuestado gastarlo precisamente en el ejercicio que había expirado. De nuevo se remarcaba en su redacción el «carácter de interés público y social» del trabajo objeto del convenio. Como contrapartida, la Fudepa se comprometió a a poner a disposición de la Junta todo su Archivo Histórico regional. El fondo de UGT está compuesto por más de 20.000 cajas con documentos, fotografías y carteles que abarcan desde 1900, aunque según reconoce el sindicato, «predominan los documentos generados a partir de 1977». La facción andaluza de UGT se gestó en enero de 1980.