El Gobierno recuerda que la Junta pudo pagar a plazos los 265 millones

La vicepresidenta insiste en que se trata de una reclamación conocida basada en el estricto «cumplimiento de la Ley».

El Gobierno salió al paso ayer de la última acusación esgrimida por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a cuenta de los 265 millones de euros que la Administración regional debe reintegrar al Estado. No se trata, como detalló ayer este periódico, de una cantidad arbitraria, sino de la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2013, cuestión ya cerrada hace meses y que la propia consejera de Hacienda había tenido en cuenta en la elaboración de los Preuspuestos de 2016. No hay, por tanto, según las propias palabras de María Jesús Montero en el Parlamento, afectación alguna sobre las cuentas del año que viene, pese a que Díaz trató el jueves de culpar al Gobierno de Rajoy de un «tajo» de última hora que supondría menos dinero para salud, educación o para los empleados públicos andaluces.

Tras el último Consejo de Ministros antes de las votaciones de mañana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que el Ejecutivo central ha seguido un «estricto cumplimiento de la ley» por lo que no existe «discriminación alguna».

«Si por algo se ha caracterizado el Gobierno en estos cuatro años ha sido por prestar el máximo apoyo a las comunidades autónomas en el cumplimiento de sus obligaciones», argumentó. La vicepresidenta recordó los distintos fondos de liquidez implementados que han permitido «satisfacer un volumen importante de servicios públicos dependientes de las comunidades autónomas cuya financiación ha sido garantizada por el Gobierno».

La portavoz del Gobierno recordó que Andalucía ha sido una de las comunidades «más beneficiada de los distintos programas del FLA y pago proveedores» y que siempre se ha trabajado con la región «buscando la máxima colaboración».

En este sentido, desde la Delegación del Gobierno en Andalucía se mostraron más críticos con la actitud y las mentiras «descarada y conscientemente» de Susana Díaz. El delegado Antonio Sanz recordó en un comunicado que se trata de una cuestión ya «zanjada» en su momento porque Andalucía recibió más dinero del que le correspondía en su momento y que, por tanto, una vez cerrada la recaudación anual debe devolver esa «sobrefinanciación».

Prueba de que no se trata de una cuestión «sobrevenida» ni de una «sorpresa» es que hubo contactos entre ambas Administraciones para el reintegro de la deuda en plazos.

«La Junta pudo pedir la devolución aplazada, como hicieron Aragón y la Rioja, pero prefirió recibir el dinero íntegro de las transferencias en lugar de reservar una parte para el primer pago aplazado de la liquidación, a pesar de que conocía que era negativa, e incluso a priori se pensaba que la deuda sería mayor», apuntaba Sanz. El primer cálculo fijo la cantidad en más de 400 millones, importe rebajada finalmente a los 265 millones en cuestión.

El delegado del Gobierno lanzó un último aviso por si desde la Junta deciden no reintegrar la cantidad reclamada a las arcas del Estado central: la Administración autonómica podría incumplir el déficit, ya que la cantidad adeudada computaría como gasto, según los parámetros de cálculo establecidos, «que son los mismos para todas las comunidades, por lo que la Junta no puede sentirse agraviada».

Por su parte, desde la Consejería de Hacienda aseguró que Andalucía «está en la senda de cumplimiento del déficit en 2015, por lo que sería llamativo que, a pesar de ajustarnos a los objetivos de estabilidad, finalmente nos pasáramos por la liquidación negativa que Rajoy se comprometió a aplazar y que perjudica exclusivamente a Andalucía».