El juez de refuerzo insta a la Junta a aportar la documentación solicitada

En una nueva providencia, «dado el tiempo transcurrido», recuerda a la Administración que los autos emitidos, en este caso desde hace mes y medio, son «de urgente cumplimiento».

Una nueva providencia –esta vez del magistrado Álvaro Martín, como antes de la jueza Alaya– vuelve a poner en entredicho la voluntad de colaboración de la Junta de Andalucía en el esclarecimiento del fraude de los ERE. El requerimiento judicial coincide, además, con el momento procesal en el que varios imputados del «caso ERE» han visto cómo sus delitos han quedado prescritos al haber transcurrido una década, según especificó la Audiencia de Sevilla y con la citación este miércoles de los ex presidentes Chaves y Griñán.

Una providencia del juez de refuerzo Álvaro Martín, fechada el pasado 11 de marzo, señala que «por auto de fecha 27 de enero de 2016 se acordó requerir a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que remitieran cualquier tipo de informe o documento elaborado por la misma en el período 2000-2012 y destinado a los miembros de los órganos de gestión de las agencias y empresas públicas de la Junta de Andalucía en particular a las personas de la Consejería de Hacienda que formaban parte del Consejo rector de IFA/IDEA».

El magistrado solicita asimismo que «facilitasen relación de personal que participó en los trabajos y elaboración de los informes de control financiero permanente de IDEA- Informe de cuentas anuales, Informe de cumplimiento (incluido como es lógico los adicionales en su caso e informe sobre los PAIF) en el periodo 2001-2012, detallando funciones desarrolladas por los mismos en cada ejercicio, así como de aquellas personas que participaron en la elaboración por la Intervención de las Memorias sobre Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre Control Financiero Permanente de los ejercicios 2004 a 2007».

En la providencia se recuerda que «en ese mismo auto se requirió a la Junta de Andalucía para que emitieran listado de expedientes tramitados relativos a ayudas previas a la jubilación–APJO–en el periodo 2000-2010, indicando solicitudes presentadas, resoluciones recaídas, importe en su caso y aplicación presupuestaria».

El magistrado subraya que «dado el tiempo transcurrido desde que se libraron los oportunos despachos recuérdese su urgente cumplimiento, requiriendo a través de la representación de la Junta de Andalucía, a la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como a la Junta de Andalucía». Al hilo, el PP- A insistió que en el «caso de los ERE fraudulentos» ha habido una clara intencionalidad política «de obstruir y dificultar el procedimiento» por parte del Gobierno andaluz. La vicepresidenta de Organización del PP-A, Patricia Navarro, señaló que con la prescripción de algunas de las imputaciones de los ERE se pierde la oportunidad de recuperar el dinero que pudieron recibir algunos imputados. La popular acusó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al ex presidente José Antonio Griñán de «obstruir y dificultar el procedimiento, así como de despreciar y desprestigiar a los jueces». Navarro insistió en que el Gobierno andaluz han puesto permanentes trabas y obstáculos ante la solicitud de mayores medios materiales y humanos por parte de los juzgados y que también han tardado en dar la documentación requerida por los mismos. Navarro consideró que aunque los abogados de la Junta hayan advertido de posibles prescripciones, «no les exime ni un ápice de responsabilidad de lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir en un futuro».

Por su parte, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aseguró que desde el Ministerio Público «pedimos y reiteramos las diligencias de investigación y las volvemos a reiterar» en la instrucción del «caso ERE» y el de los cursos de formación. Madrigal consideró como «un lastre endémico» la «concepción de instrucción de macroproceso unificada».

Por otro lado, el boletín interno de la Guardia Civil recoge una condecoración a María del Rosario Soriano Márquez, la funcionaria que fue «mano derecha» de Alaya, por las «numerosas colaboraciones» con la Benemérita. La funcionaria, cuyos compañeros aseguraron que está muy «sorprendida», fue un apoyo fundamental de Alaya mientras instruyó las macrocausas y cuando la magistrada abandonó el juzgado en junio de 2015 dejó de ejercer de «mano derecha» de la nueva instructora.