El juez del «caso Fergocom» vuelve a poner contra las cuerdas a Del Nido

El juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (Málaga) ha finalizado la investigación del «caso Fergocom», en el que están imputados, entre otros, el abogado José María del Nido; dos de sus hermanos –Óscar y Juan José– y el ex alcalde de la localidad costasoleña Julián Muñoz. Están acusados de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, falsedad en documento mercantil, fraude y prevaricación, en relación con unas supuestas irregularidades en la contratación y adjudicación de obras a una empresa vinculada a dos hermanos del también presidente del Sevilla Fútbol Club.

Más de una decena de acusados están procesados en una causa que investiga adjudicaciones supuestamente irregulares por parte del Ayuntamiento a una empresa «instrumental» de los citados familiares, llamada Fergocom, y que según la Fiscalía Anticorrupción fue adjudicataria de manera irregular, sin expediente de contratación alguno, de obras por valor superior a los cinco millones de euros por parte del Consistorio marbellí.

El procedimiento judicial tiene su origen en una querella presentada en el año 2004 por el Ministerio Público, a raíz de una denuncia interpuesta dos años antes por el entonces portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Marbella, Carlos Fernández, quien posteriormente se personaría como acusación particular. El entonces edil andalucista, que previamente lo fue del Grupo Independiente Liberal (GIL) fundado por Jesús Gil, permanece en la actualidad en busca y captura desde que en el año 2006 se conoció su supuesta implicación en la trama conocida como «Operación Malaya».

Según el auto del juzgado que da por concluida la investigación, los hermanos de Del Nido crearon en 2001 –cuando el letrado fue designado jefe de la asesoría jurídica marbellí en sustitución del ideólogo del GIL, José Luis Sierra– la empresa Fergocom, que días después de su nacimiento comenzaría a percibir adjudicaciones de obra sin contrato ni concurso, según mantuvo la parte acusadora. En dos años de actividad, dicha sociedad creada «expresamente» en el marco de un plan «preconcebido», facturó más de medio millar de trabajos que, en muchos casos, nunca llegaron a realizarse.

El juez instructor resuelve ahora de este modo la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, dando por finalizada la fase de instrucción y ordenando que prosiga la causa. Para ello, el magistrado ha dado traslado de las actuaciones a las partes implicadas, para que éstas emitan sus escritos de acusación y defensa.

Según fuentes del caso, este auto está pendiente de recursos presentados por distintas partes personadas, por lo que no es firme y aún puede ser reformado. Además, el Ministerio Fiscal habría solicitado la práctica de pruebas y una investigación de cuentas bancarias.