El juez procesa a Guerrero por repartir rentas individuales a amigos y vecinos

Dos beneficiarios percibieron más de 200.000 euros que compatibilizaron con otras prestaciones

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, encargado del «caso ERE», ha acordado procesar al ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero por prevaricación, tráfico de influencias y malversación por las «pólizas individuales» con las que otorgó «elevadas cantidades de dinero» de fondos públicos a amigos y vecinos de El Pedroso (Sevilla) –localidad de la que fue alcalde– «sin causa justificada» bien «por propia iniciativa» o «por pedírselo la persona interesada».

Guerrero, pendiente de la sentencia de la pieza política del «caso ERE» en la que se enfrenta a ocho años de prisión por la concesión arbitraria y sin control de 741 millones en ayudas, benefició presuntamente a allegados incluyéndolos en ERE subvencionados de empresas para las que nunca trabajaron pero también en esta pieza se investigan ayudas «individualizadas» con «pagos cruzados» que ordenó a las aseguradoras con las que se contrataban las pólizas de prejubilaciones, desviando fondos para esas prejubilaciones a estas ayudas. En esta pieza, junto a Guerrero son investigados cuatro de esos beneficiarios aunque dos de ellos han muerto (entre ellos el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo), además de la hija de uno de ellos, Cristina R.C. que fue quien pidió la ayuda para su padre, Rafael R.V., «prevaleciéndose de su relación de amistad» con Guerrero al trabajar en la gerencia del grupo Promi, regado con ayudas del fondo de los ERE investigadas en una de las piezas separadas. En un auto dictado el 17 de septiembre, el juez también acuerda continuar el procedimiento contra los ex comerciales de la aseguradora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, así como contra las entidades Vitalia y Holding Europeo Tindex en calidad de responsables civiles subsidiarios.

Para el juez, en base a su relación personal con ellas, Guerrero las introdujo a Rafael R.V., Alejandro M. T y a los fallecidos A.A.G. y Rafael Rosendo «de manera fraudulenta como asegurados y beneficiarios de las pólizas mediante certificados individuales con la finalidad de ver aumentados indebida y considerablemente sus ingresos mediantes la obtención de elevados importes de renta, con cargo a fondos públicos», y ellos «a sabiendas de que no tenían derecho» se «prevalieron de su relación de amistad» con Guerrero «para solicitar y obtener» esas rentas. En el caso de Alejandro M.T. cobró 250.264,60 euros entre 2007 y 2009 que además compatibilizó con su pensión de incapacidad e ingresos de una empresa propia de electricidad. Rafael R.V. recibió 224.589,38 euros entre 2007 y 2009 que compatibilizó con la prestación por desempleo y el subsidio para mayores de 52 años.