El juicio de los ERE alcanza la cúspide

Le toca declarar al que fue el presidente de la Junta durante el mayor tiempo del periodo investigado y al que documentación del caso vincula a varios conflictos laborales: Manuel Chaves

Cuando Manuel Chaves abandonó en 2009 la Presidencia de la Junta de Andalucía, tras 19 años en el cargo y a uno escaso de ganar por mayoría absoluta las elecciones autonómicas, hubo quien en el PSOE-A, su partido, mantuvo que ya nada sería como antes. Ha pasado el tiempo desde que cediera los trastos a José Antonio Griñán y ha sucedido algo que, en efecto, no había pasado nunca: ambos ex presidentes han acabado sentados en las sillas-banquillo de los acusados por el mediático «caso ERE». Tras la declaración de Griñán, le toca el turno de subir al estrado a su antecesor en el Gobierno autonómico. No es la primera vez que el ex presidente y ex ministro en ejecutivos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que contestar preguntas sobre el presunto fraude sin controlar entre 2001 y 2011. Ya lo hizo hace casi justo tres años, el 14 de abril de 2015, en el Tribunal Supremo (TS), hasta donde llegó la causa al haber aforados implicados en ella como el propio Chaves, entonces diputado en el Congreso. Ante el instructor del TS, Alberto Jorge Barreiro, sostuvo que la legalidad había guiado su «larga» trayectoria política de más de 35 años como gestor público y le aseguró que «en ningún momento» adoptó una decisión «basada en la ilegalidad», según consta en el acta de aquella declaración.

El histórico socialista dijo entonces lo que previsiblemente repetirá hoy: que conocía la existencia de empresas con problemas pero no los «criterios concretos» por los que se les otorgaban ayudas y que estaba convencido de que el procedimiento por el que se asignaban era «completamente legal». Es probable que defienda los Presupuestos de la Junta conocidos por los parlamentarios regionales, de cuya ejecución se distanció; las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias para poder pagar las subvenciones. Pilares todos ellos del sistema para nutrir y repartir los fondos públicos que la primera instructora del caso, la jueza Mercedes Alaya, consideraba indiciariamente ilícito y en cuya cúspide estarían los ex presidentes. A buen seguro negará de nuevo que le llegaran informes de la Intervención General de la Junta y remarcará que no hubo informe de actuación por parte del ex interventor general Manuel Gómez, otro encausado a quien dijo no conocer personalmente, «probablemente» porque éste no detectó irregularidad alguna, según expresó él mismo. Esa ausencia ha servido a los investigados para justificar que no se encendieran las alarmas y que lo que estaba sucediendo en torno al llamado «fondo de reptiles» que alimentó las ayudas no llegara a la cúpula del Gobierno andaluz. El presidente autonómico que más tiempo lo ha sido insistirá en que no despachaba con los 200 directores generales que había en la comunidad y que ningún consejero lo alertó de la existencia de ilegalidades. Tal vez tenga que afrontar algún interrogante electrificado en torno a un par de cartas que constan en el sumario: una en la que trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva le advertían de que se había incluido en el ERE subvencionado con dinero público a personas que «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera» y otra que empleados de la planta que Bilore, sociedad incluida en el caso, tenía en Lucena (Córdoba) le entregaron a un cargo de su confianza en la que le pedían que «no los abandonara». Quizá el Ministerio Público quiera saber además si se reunió con algún empresario investigado.

Mas datos

*Chaves ratificó su declaración en el Supremo al perder el aforamiento, en el juzgado de Instrucción sevillano ya con la jueza María Núñez al frente, en sustitución de Mercedes Alaya. Confirmó lo dicho y se acogió luego a su derecho al silencio.

*El desfile de acusados enfila la recta final en plena Feria de Abril de Sevilla. El último será, por razón de cambio de abogado, Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo y ex directivo de la agencia IDEA, que actuó de caja pagadora.