El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad la Ley de Transparencia Pública

El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado hoy por unanimidad la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que obliga a todas las instituciones y entidades que manejen fondos públicos a rendir cuentas y prevé sanciones de hasta 400.000 euros a las que no faciliten información.

El pleno del Parlamento andaluz ha aprobado hoy por unanimidad la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que obliga a todas las instituciones y entidades que manejen fondos públicos a rendir cuentas y prevé sanciones de hasta 400.000 euros a las que no faciliten información.

Según ha asegurado el consejero de la Presidencia Manuel Jiménez Barrios, con ella se ha aprobado "la ley más importante de toda la legislatura, con la que Andalucía se equipara a las democracias más avanzadas", una norma que ha definido como "robusta"y "muy necesaria"que da cumplimiento a uno de los "principales compromisos"del acuerdo de Gobierno con IU, ha recordado.

El diputado del PP Jaime Raynaud ha justificado el voto afirmativo de su grupo en que no habría sido "lógico"oponerse a una ley que consideran "clonada"de la elaborada por el Gobierno central y se ha preguntado por qué PSOE e IU no incluyen "desde hoy mismo"en esta norma cuestiones relacionadas con el buen gobierno.

La diputada socialista Verónica Pérez ha explicado que será en la futura ley del estatuto de altos cargos donde se regulará el buen gobierno, mientras el portavoz de IU, José Antonio Castro, ha subrayado que la ley aprobada hoy "será más útil si se cumple con el paquete legislativo de regeneración democrática".

El PP ha votado a favor del dictamen de la Ley excepto en el contenido del artículo 47.2, en el que se recoge que la designación del director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía corresponde al Parlamento por mayoría absoluta y deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional.

Se han aceptado además de forma total cuatro de las enmiendas presentadas por los populares, en las que se aborda la necesidad de establecer las previsiones necesarias para contar con los medios personales y materiales necesarios para ejercer las funciones de control y la posibilidad de ejecutar lo previsto para publicidad activa en plazos más breves.

Raynaud ha lamentado que solo se hayan aprobado cuatro de las 92 enmiendas presentadas por su grupo y "no las relativas a cuestiones fundamentales", y lo ha atribuido a que PSOE e IU no quieren que el "cambio de verdad"que reclaman los ciudadanos se realice ahora y prefieren dejarlo "sin fecha".

"No es una ley de máximos, podríamos haber alcanzado un acuerdo infinitamente más amplio", ha lamentado el diputado popular, que ha acusado a PSOE e IU de "perder la oportunidad de hacer de esta norma una referencia y un sí al buen gobierno", unas prácticas que "se necesitan ahora y no mañana".

Por su parte Jiménez Barrios ha defendido que con esta Ley Andalucía "se sitúa y quiere mantenerse a la cabeza como referente de un nuevo modelo de gobernanza basado en más transparencia y rendición de cuentas", puesto que la "desafección"de los ciudadanos "se combate con más transparencia".

Para la diputada socialista Verónica Pérez esta ley supone "un antes y un después"y "un punto de inflexión"en la forma de comunicarse entre administraciones y ciudadanía, además de ser "la llave para abrir puertas y ventanas de la administración pública para que entre el aire", algo a lo que -ha recordado- se comprometió la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Para el portavoz de IU esta es la ley que "va a hacer saltar las alarmas", puesto que ha considerado que con un texto como este "sería imposible que un caso como los ERE dure diez años".

"Es una ley útil que nos hace avanzar en la buena dirección", ha dicho Castro, que se ha mostrado convencido de que si hace 4 o 5 años hubiera dicho que este proyecto tendría viabilidad "se habrían reído"de él.

PSOE e IU han coincidido en que el texto, al que se han incorporado 42 enmiendas de todos los grupos políticos, se ha visto mejorado durante su tramitación parlamentaria -gracias también a las aportaciones de colectivos sociales, han resaltado- y responde a las demandas de "una ciudadanía que cuestiona hoy más que nunca opacidades y trabas para el conocimiento de lo público".