El paro a partir de los cuarenta

La mitad de los desempleados en Andalucía, 358.000 personas, llevan dos años sin trabajo. Una científica y un maestro de Primaria relatan las dificultades para reengancharse cuando la edad se impone a la preparación

Octubre ha confirmado los malos augurios sobre el empleo: Andalucía encabeza una subida negativa que sitúa el número de parados en más de 800.000. Los avisos por el empeoramiento económico habían llegado a través del informe «Paro de muy larga duración en Andalucía», elaborado por el sindicato CC OO sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre. La conclusión es que uno de cada cuatro está en paro «crónico», es decir, que hace al menos cuatro años que tuvo un sueldo por última vez. En total, 358.000 andaluces llevan más de dos años sin trabajo. En España Francisco Fernández se cuenta entre esos desempleados «crónicos», exceptuando el paréntesis de unos meses que tuvo el año pasado. El trabajo en una empresa de productos ecológicos, donde cobraba 400 euros por media jornada repartiendo con su propio coche, le duró poco. Admite que él lo dejó: «Hice cuentas y mantener la furgoneta me costaba unos doscientos euros al mes entre seguro, impuestos y reparaciones. A lo mejor soy un iluso, pero para mí estaba muy lejos de unas condiciones mínimamente dignas», asegura.

Desde 2008, el año marcado como el inicio del «crack» económico, las personas que alargan el paro se han multiplicado. El estudio de CC OO permite ver cómo las cifras se han igualado para el desempleo de menos de dos años. A partir de ese período, comienza a crecer exponencialmente hasta duplicarse para quienes llevan tres o cuatro años desempleados (de 52.000 a 133.000). Los trabajadores más de cuatro años inactivos son 224.000; entonces no llegaban a 42.000. No son los peores números de la década –se alcanzaron en 2015, superando los 300.000 parados «crónicos»–, pero vuelven a crecer después de dos años de caída. De esos doscientos mil, solo 53.000 reciben alguna prestación. No es el caso de Francisco, sin ingresos, pero consciente de que su situación familiar le permite rechazar empleos que otras personas se ven obligadas a aceptar. «Si estuviera solo o separado tendría que haber cogido ese y dos trabajos más –se lamenta–. Con uno a media jornada y mal pagado no me daría para nada».

Desde que en junio de 2008 decidió dejar de trabajar, el peso económico de la familia lo ha llevado su mujer, funcionaria. El nacimiento de su hija mayor precipitó la decisión. «Se unieron varias circunstancias: llevaba trabajando diez años como profesor de música, montando escuelas municipales y estaba cansado de luchar con cada ayuntamiento. Cuando a mi mujer se le acabó el período de maternidad, me quedé cuidando de nuestra hija». En estos diez años ha estado «parado» pero no quieto. Ha alternado la preparación de oposiciones con proyectos propios que, por circunstancias diversas, quedaron «aparcados». En su cabeza continúa bullendo uno relacionado con la ganadería holística que choca de momento con los planes familiares porque exigiría mudarse más lejos de Sevilla. «Como salgas de esa dinámica te quedas atrás. Hoy día hay mucha gente con más formación queriendo el mismo puesto que tú», analiza. Sin expectativas claras, seguirá siendo uno de los más de 800.000 desempleados que hay en Andalucía.

Patricia G. es doctora en Químicas y ha desarrollado su carrera principalmente en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Granada. Primero con becas –«ese tiempo no cotizas en la Seguridad Social», recuerda– y desde 2003 encadenando contratos, en función de los proyectos que surgían. Ella es un reflejo de la situación de los científicos en Andalucía y en todo el país. Su último contrato finalizó en 2015 y en octubre del año siguiente entró en la Universidad. La alegría solo le duró medio año. Y desde entonces, ninguna oportunidad, ni en centros públicos ni en la empresa privada. En España, porque desde el extranjero le han llegado ofertas que sus circunstancias personales le impiden aceptar. «Llevo desde abril del año pasado sin hacer ciencia», explica con frustración. La práctica ilegal de contrataciones sucesivas sirvió durante años al CSIC para disponer de personal sin contratarlos indefinidamente, hasta que se frenó por el alud de sentencias judiciales que obligaban a readmitir a trabajadores despedidos. Ella fue una de los cientos que demandaron al organismo público. Su sentencia fue favorable y optaron por indemnizarla por despido improcedente. Aun así, volvió a ser contratada. «Estuve trabajando con contratos intermitentes hasta 2017, alternando con períodos de varios meses parada. Sigo en la bolsa de trabajo, eso no me lo pueden quitar», asegura.

Su economía se sostiene por la empresa familiar que gestiona su marido, donde ella trabajó unos meses como administrativa. En sus dos décadas de experiencia investigadora nunca ha podido dirigir un proyecto. «Es muy desalentador. Con tanta inestabilidad no estás en condiciones no de pedir un proyecto, ni siquiera de codirigir una tesis, pese a estar capacitada. Al final –reconoce Patricia– te conformas simplemente con que te contraten porque te gusta tu trabajo».

En este año y medio ha tocado a las puertas de las empresas del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada y siguen cerradas para alguien que acredita sobrada experiencia, algo que no entiende. «Se está promoviendo mucho el Plan de Garantía Juvenil para los que tienen menos de 30 años. Las empresas quieren gente para formarla. Yo acabo de cumplir 45 y desde que entro en un proyecto estoy sacando resultados. Eso no se valora».