El PP abre la puerta a las multas a los «malos gestores»

Propone que el Estatuto de Autonomía contemple sanciones «al derroche, al retraso en la toma de decisiones o a las medidas puramente electoralistas»

La RazónLa Razón

Propone que el Estatuto de Autonomía contemple sanciones «al derroche, al retraso en la toma de decisiones o a las medidas puramente electoralistas»

Los partidos del arco parlamentario ya hablan abiertamente de la reforma del Estatuto andaluz, una propuesta impulsada por el nuevo Ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos para propiciar la eliminación de los aforamientos. Ahora llega el momento de la lluvia de ideas, en un contexto marcado por las dos próximas citas electorales. El PP lanzó ayer una iniciativa cuanto menos curiosa: incluir en la reforma la posibilidad de penalizar a los «malos gestores», que podría plasmarse en multas e incluso en la inhabilitación para ostentar cargos públicos, según el consenso al que lleguen los partidos.

Así lo aseguró el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, quien defendió que Andalucía tiene que ser una comunidad autónoma que «dé ejemplo de que aquí no caben las personas que no respetan el dinero público ni los servicios públicos». «Andalucía sufre una penalización en su imagen por culpa de muchos malos gestores y se nos ve como una región donde se derrocha el dinero público, y eso hay que evitarlo», subrayó Nieto, para quien una manera de hacerlo es que en la «ley de leyes» andaluza que es el Estatuto «quede plasmada la lucha contra la mala gestión de forma contundente».

Nieto explicó que el PP todavía no ha trasladado esta propuesta al resto de fuerzas parlamentarias y que está «abriendo un debate en el que cabrán matizaciones», añadiendo que la mala gestión ahora no está penalizada, como sí lo están «algunos delitos que suponen un extremo de ella, como la apropiación indebida». «No estaríamos penalizando algo que ya está en el Código Penal, como que alguien se apropie de fondos públicos, sino que los gestione mal», señaló Nieto, para quien «el derroche, el retraso en la toma de decisiones o las medidas puramente electoralistas también tienen que estar castigados».

A su juicio, introducir estos cambios en el Estatuto «puede ser una advertencia para que si alguien tiene la tentación de intentar captar votos con el dinero de todos se lo piense». El dirigente popular como ejemplo que no es un delito que en Andalucía no se hayan ejecutado 6.000 millones de euros de fondos europeos para infraestructuras, pero esa actuación sí supone «una responsabilidad que no se puede tolerar», por lo que apostó por que «no se quede en un mero reproche en una rueda de prensa».

Tras insistir en que existe un «vacío» y que Andalucía sería «pionera» estableciendo medidas de este tipo, Nieto aseguró que existen «instrumentos» para poder ponerlas en marcha y se refirió a la Cámara de Cuentas para señalar que «se le pueden dar herramientas para que contraste la gestión de los recursos». «Hay que analizarlo todo, buscar un consenso entre los grupos y ordenarlo dentro del debate», remarcó.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, mostró la disposición de su partido a abordar una nueva reforma del Estatuto de Autonomía si hay un «consenso mayoritario», ya que «no es de un gobierno, ni siquiera del Parlamento, es de todos los andaluces». Durante su intervención en la reunión que el partido celebró en el Parlamento para abordar las propuestas socialistas ante una posible reforma del texto, la ex presidenta de la Junta rechazó que se «parchee» la «Constitución andaluza». Así, planteó como elementos de una posible reforma que se garantice en el Estatuto el mantenimiento de los servicios públicos en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales para evitar la despoblación; que se «blinden» el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual y el Defensor del Pueblo, y la exigencia de una mayoría cualificada para la renovación de la RTVA, además de sacar a concurso la vacante de la dirección general del ente público. Otras de las cuestiones que cree que deben abordarse son que la memoria histórica forme parte del Estatuto, así como la pobreza energética y la protección de datos en el ámbito digital.

Según Díaz, la sociedad andaluza tiene que sentirse identificada con el texto que emane del Parlamento, por lo que la reforma no se puede hacer «con ligereza, irresponsabilidad y egoísmo político». «Cuando alguien piensa que las leyes se pueden modificar en caliente, en función de determinados debates políticos, se equivoca; las leyes nos tienen que proteger a todos y todos tienen que sentirse identificados», recalcó.

Así, criticó que los socios de gobierno han pretendido plantear una reforma «exprés» de manera «bastante frívola y superficial» y «devaluando» el papel del Estatuto. «No podemos comportarnos de manera irresponsable con algo que no nos pertenece», prosiguió Díaz, quien agregó que fortalecer el autogobierno y garantizar la igualdad de los ciudadanos son dos objetivos «indispensables» y el PSOE no se va a «desviar» de ellos.

«No se puede poner nuestra seguridad jurídica en peligro o condicionarla al interés de partidos políticos», insistió la dirigente socialista.