El PP exige investigar las «presiones» para cambiar el informe de la Cámara

¿Hasta qué punto conocía la Cámara de Cuentas la existencia de transferencias de financiación para ayudas sociolaborales? El avance en la investigación en el «caso de los ERE» ha llevado a la juez Mercedes Alaya a solicitar al gabinete jurídico de este ente todo el trabajo de campo, conclusiones y memorandos del equipo de técnicos para compararlo con los informes finales de auditoría y «borrar» cualquier «sombra de duda» al respecto. En el PP-A, las sospechas van más allá e incluso se preguntan si hubo «presiones» del PSOE para cambiar el referido informe de Fiscalización. El coordinador del Área Económica de los populares, Rafael Carmona, recordó ayer que su grupo ya solicitó dicha información durante la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento «y no se remitió». «Nos preocupa que haya presiones del PSOE», recalcó Carmona, muy interesado en saber «quién y por qué» dio instrucciones para que «se modificaran algunos párrafos» del informe. Sobre todo, aquéllos que hacían alusión al ya ex presidente José Antonio Griñán.

«No puede ser de ninguna de las maneras que haya instituciones con prestigio que se dedican al control del gasto público que vean manchada su reputación por presiones del Gobierno», insistió Carmona.

«Es claro que el mencionado informe –continuó– es de suma importancia para la causa y de su propia lectura se deducen determinadas actuaciones que no deben permanecer ocultas».

El Informe de Fiscalización fue votado en el pleno de la Cámara de Cuentas del 12 de julio de 2013 «tras incluir numerosas modificaciones» al anteproyecto, más crítico hacia el Gobierno de la Junta.

Alaya considera «de suma importancia para la causa» el informe. Más aún, «teniendo en cuenta que, con posterioridad, se ha recibido oficio» de la letrada jefe del gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas remitiendo un acta de 23 de mayo de 2012 que, «por error, no se envió a ese juzgado con nuestro escrito de 4 de diciembre de 2012».

La juez requiere a la Cámara de Cuentas para que certifique si, tras analizar el programa 31.L., «en alguna ocasión fue advertida tacha de ilegalidad sobre la financiación del mismo».

Remiten a Alaya la causa por delito fiscal del chófer de Guerrero

Los juzgados de lo penal de Jaén se han inhibido a favor de la juez Alaya, en la causa por delito fiscal contra Juan Francisco Trujillo, el chófer de Guerrero, que ha de ser juzgado por no declarar a Hacienda dos ayudas de 450.000 euros (destinadas a empresas inexistentes). Existe el riesgo de que, al tramitarse ambas causas por separado, se dicten también «sentencias contradictorias». Y es que la presunta ilicitud de la procedencia de los bienes no exime del delito. Trujillo confesó a Alaya haber gastado hasta 25.000 euros al mes en cocaína para él y el ex director general de Trabajo. Por otro lado, el empresario Antonio Polonio, imputado en la causa, insiste en no devolver 180.000 euros de una ayuda ilegal recibida para comprar un camión porque actuó en «confianza legítima».