El PP lleva a los tribunales el bloqueo informativo del Consejo de Transparencia

Interpone un recurso contencioso administrativo ante un juzgado tras la desestimación de la queja de una parlamentaria

La portavoz parlamentaria de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero
La portavoz parlamentaria de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero

Interpone un recurso contencioso administrativo ante un juzgado tras la desestimación de la queja de una parlamentaria

El PP andaluz va a llevar hasta las últimas consecuencias la decisión de la Junta, avalada por el Consejo de Transparencia de Andalucía, de no ofrecer los datos sobre el dinero recuperado en el «caso de los ERE» y en el de los cursos de formación. El partido, a través de su representación letrada, interpuso el pasado lunes un recurso contencioso administrativo en un juzgado de Sevilla, según pudo saber LA RAZÓN. Era la única vía que le quedaba después de que el Consejo de Transparencia de Andalucía inadmitiera la reclamación interpuesta por la diputada y portavoz parlamentaria de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz-Sillero, que acudió a este órgano ante la imposibilidad de obtener la información y después de llevar un año intentándolo.

La diputada Teresa Ruiz-Sillero pidió en mayo de 2016, a través del Portal de la Transparencia de la Junta, conocer «los importes reclamados y recuperadoL», el conocido como «fondo de reptiles» de los ERE; así como los de los cursos de formación. La Junta consumió los 20 días reglamentarios que establece la ley y los 20 de prórroga sin ofrecer ningún dato. Y esto fue lo que motivó el recurso ante el Consejo de Transparencia. En esa reclamación la diputada popular se quejaba de que «la persistencia en negar esta información por parte de la Junta de Andalucía no es nueva. Dada mi condición de diputada del Parlamento se ha intentado de manera infructuosa obtener dichos datos desde hace más de un año, con la aprobación incluso, el 10 de marzo de 2016, de una proposición no de Ley en Comisión con el compromiso expreso del Gobierno andaluz de ofrecer esa información».

El Consejo de Transparencia resolvió la queja a principios de noviembre. Y la inadmitió esgrimiendo como argumento principal que la diputada, por su cargo institucional, tiene cauces específicos para ejercer la labor de fiscalización política que no puede mezclar con esta vía del Portal de la Transparencia reservada al resto de los ciudadanos. «Una vez examinadas las circunstancias concurrentes en el presente caso no cabe sino llegar a la conclusión de que con la solicitud de información formalmente presentada al amparo de la Ley de Transparencia no se pretendía sino prolongar o proyectar artificialmente a un ámbito institucional ajeno la función de control político del gobierno que había venido desempeñando la ahora reclamante en cuanto miembro del Parlamento». El director del Consejo de Transparencia, Manuel Medina Guerrero, añadió que «hemos puesto el acento en que el solicitante de información evite cualquier posible confusión o ambigüedad en la utilización de las dos referidas vías».

Este reproche del máximo responsable del Consejo de Transparencia ha sido el que más ha indignado al Partido Popular, que entiende que en lugar de preservar el cumplimiento de la ley y el derecho a la información, se cargan las tintas contra la persona que es víctima de la opacidad institu-cional.

Hay, de hecho, sentencias judiciales que apuntan en una dirección totalmente opuesta. Una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015, a cuenta de la denegación de información por parte del Gobierno valenciano, señala claramente que, con la Ley de Transparencia aprobada a nivel nacional, «el derecho de los parlamentarios a la información pública no puede sino verse fortalecido». «A fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos –recoge la sentencia– habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información (...) no sólo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en virtud de esas leyes sino que deben suponer el plus añadido imprescindible».

La instrucción del «caso de los ERE» cumple seis años el próximo 19 de enero, fecha de apertura de diligencias. La Junta no ha ofrecido datos concretos sobre la recuperación efectiva de fondos. En cuanto a la formación, los últimos datos los ofreció el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, el pasado 30 de noviembre. La Junta ha recuperado 7,6 millones de los 143 que reclama, pero no aclara ni qué expedientes son ni cuánto pide a cada ente. A día de hoy no se sabe a cuánto asciende el montante a devolver de UGT.