El PSOE pretende endosarle a Rajoy la factura de su ley de exclusión social

Que pague Rajoy, aunque sea una de las «políticas-bandera» para tratar de diferenciarse del PP. En poco más se resume el plan de la Junta en relación al Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social. El texto incluye, entre otras medidas, un programa de ayuda a la contratación con reminiscencias al Plan E o al Proteja, nacidos a mayor gloria de las rotondas y del acerado público. Con una suerte de minijobs, el bipartito pretende crear 40.000 contratos de entre 15 días y tres meses, a razón de a 25 euros la jornada de trabajo una vez sufragada la Seguridad Social. El PSOE anunció ayer que su intención es que el montante del salario en impuestos –alrededor de 14 millones de euros– para que los 650 euros lleguen a 1.000 netos y no brutos sean sufragados por el Gobierno de la Nación.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, anunció ayer que la formación socialista pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy, a través de mociones en los ayuntamientos y diputaciones de la región, que asuma los gastos sociales de las personas contratadas por el decreto andaluz contra la exclusión social para crear más de puestos de trabajo, «lo que permitiría contratar a un tercio más de andaluces», aseguró.

Conejo –durante una reunión de trabajo con los portavoces socialistas en los ayuntamientos de Málaga y Marbella, María Gámez y José Bernal, respectivamente– explicó que los consistorios andaluces van a ser los «motores fundamentales de generación de empleo» gracias a la medida del Ejecutivo andaluz ya que recibirán 40 de los 60 millones que se destinarán a esta materia, lo que permitirá la contratación de 47.000 andaluces, 8.000 de ellos en Málaga.

Con la iniciativa socialista que se propondrá en los ayuntamientos y diputaciones a través de mociones y que ya ha sido presentada a través de una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz, «se podrían sumar otros 15.000 contratos para familias andaluzas que lo están pasando realmente mal en esta crisis, 2.000 más en la provincia de Málaga, ya que el pago de las cuotas a la Seguridad Social supondrá un importe de 14 millones de euros». El decreto andaluz permite la contratación entre 15 días y tres meses de familias en riesgo de exclusión, cuyos ingresos deben estar en el umbral del 1,5% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), unos 798 euros mensuales, y permitirá una media de 1.000 euros de salario, que, una vez deducidos los impuestos rondará los 700. Conejo aseguró que el Gobierno de José Antonio Griñán ha previsto «una ampliación de la ayuda a domicilio que también será gestionada por los ayuntamientos y las diputaciones, con una inversión adicional de otros 20 millones para amortiguar los recortes del Gobierno central que beneficiará a entre 12.000 y 15.000» personas y creará entre 2.000 y 2.500 empleos.