El SAF recurrirá el carpetazo a la causa de los consorcios de empleo

Un juzgado de Granada ha archivado el proceso sobre un rosario de anomalías detectado por la Cámara de Cuentas en las Utdlt

Lo primero fue un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica referido al tiempo comprendido entre 2010 y 2012 relativo a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utdlt). Luego llegó una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en la que, haciéndose eco del primero, se ponía el foco en distintas cuestiones como las contrataciones de un 48 por ciento de los empleados de esos consorcios públicos «sin haber mediado convocatoria», de otro 21 por ciento «entre personas no demandantes de empleo» y de un último 2 por ciento de «personas no inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)». A ello sumó algún que otro punto más como la concesión de ayudas por parte del Gobierno regional a 95 Utdlt «por un importe global de 57.340.676 euros». En esencia, el sindicato de funcionarios planteó en su denuncia la posible comisión de los presuntos delitos de prevaricación o fraude y de malversación de caudales públicos, si bien ahora el juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha acordado el sobreseimiento provisional de todo lo actuado.

Soporta su decisión, entre otros motivos, en un informe emitido por el gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 22 de julio de 2013, en el que se considera «justificado y razonable» el «reparto de los incentivos» de la Junta y «la fórmula de cálculo», dado que de él se desprende «la dificultad de imputar subjetivamente a los responsables de la gestión». Según el órgano fiscalizador, con su estudio inicial «pretendió señalar una deficiencia en la documentación presentada», pese a lo cual se verificó «la realización de la actividad y el gasto asociado a la misma». Así se recoge en un auto del mencionado juzgado granadino fechado el pasado día 28 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN y con el que se archiva la causa. Pero este relato judicial no quedará ahí. Contra la resolución cabe formular recurso de reforma y fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios adelantaron ayer a este periódico que lo interpondrán, una vez que se les haya notificado un auto con el que aún no contaban al cierre de esta edición, aunque ya tenían conocimiento de su existencia y no les «sorprendió». Con todo, confían en que no sea el punto final.

No olvidan que, a raíz de sus actuaciones de arranque, la Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal sobre las ayudas concedidas por el Ejecutivo autonómico a las Utdlt a las que aludía el informe de la Cámara de Cuentas sobre el periodo 2010-2012 en el conjunto de la comunidad, tras lo que remitió a las distintas fiscalías provinciales el expediente correspondiente con lo vinculado a cada territorio, de lo que se derivaron varias ramas judiciales, entre ellas la de Granada a la que se ha dado carpetazo ahora. Otro proceso que, de momento, sigue abierto afecta a ex altos cargos de la antes denominada Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta y lo instruye un órgano judicial sevillano.