El sol de los ricos, la luz de los pobres

Los problemas de equidad están en que todos –españoles con mayores o menores ingresos– tenemos que pagar muy caro cada kilovatio

El tiempo electoral es propicio al debate en torno a los impuestos y habitualmente sobre dos líneas argumentales mediáticas. Una sostiene que los impuestos hay que bajarlos sin más y otra que hay que subir los impuestos a los ricos. También en esto hay mucho de espectáculo y mucho menos de rigor. En nuestro auxilio vienen las palabras de don Francisco de Quevedo, «nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir». Un ejemplo de lo que escribo se refiere al impuesto al sol. Ese es el nombre popular que se le ha dado al peaje de respaldo o, más técnicamente, a los cargos en factura regulados por el Real Decreto 900/2015. Son los importes a pagar por seguir «enganchado» a la red eléctrica aunque no hagamos uso de ella en concepto de costes y servicios del sistema. La profesora Paulina Beato, una de las principales expertas españolas en economía de la energía, lo explicaba de esta forma en una jornada acogida hace unos días por la Cátedra de Economía de la Energía de la Universidad de Sevilla. Algunos consumidores se separan de la red al instalar en su vivienda equipos de generación fotovoltaica con baterías de almacenamiento. Dado que estos consumidores no necesitan tomar electricidad de la red se negarán a pagar por su mantenimiento, por lo que el coste fijo de la red se distribuirá cada vez entre menos consumidores. El resultado previsible será que el precio por el uso de las redes se incremente en la factura de quienes sigan enganchados a la red. Hay que tener en cuenta además, que el operador de red –Red Eléctrica de España– está legalmente obligado a llevar la red allí donde se requiera. La profesora Beato advierte sobre un problema nada menor que llamativamente denomina «espiral de la muerte». Las personas que pueden abandonar la electricidad de la red son, principalmente, consumidores con ingresos altos y medios capaces de afrontar la inversión requerida. Esta inversión suele consistir en adquirir un equipo de 5 kW y unas ocho baterías de almacenamiento que antes eran de plomo y ahora suelen ser de litio. La relación entre ingresos del consumidor y posibilidad de instalar estos sistemas que abaratan el precio de la electricidad no viene dada sólo por el coste de la inversión. En mi opinión no es el principal factor limitante sino el de la necesidad de disponer de una vivienda aislada o adosada suficientemente grande como para que el techo admita la instalación de los paneles solares. En promedio se necesitan 6 m2 por cada kW. Es previsible pensar que las personas de bajos ingresos no se separarán de la red tanto porque su consumo es tan bajo que la nueva inversión es más costosa que el valor actual del costo de energía de la red, como porque carecen ingresos suficientes para afrontar un préstamo o, principalmente, porque las características de su vivienda no admiten este tipo de instalaciones. Si las personas de mayores ingresos medios abandonan la red, las preguntas que plantea la profesora Beato son; ¿quién pagará los costos de la red? y ¿se debe mantener la red para pocas personas? Desde un punto de vista técnico, la red de transporte de la electricidad en alta tensión presenta unos rendimientos crecientes, por tanto la decisión de separarse de la red puede ser individualmente racional, pero socialmente ineficiente y obliga a buscar soluciones regulatorias. El «impuesto al sol» no es la única pero, de momento, es la opción que se ha tomado en España donde, por cierto, hay muchos otros ejemplos de rendimientos a escala que no se aprovechan. Baste pensar en costosos equipos de tratamiento o diagnóstico sanitario que prestan servicio sólo a unos pocos pacientes de un sistema sanitario autonómico mientras que se dificulta en extremo su uso por los pacientes de otras regiones españolas a las que el sistema los cataloga como «desplazados» (sic). El fenómeno de «abandono de la red» ha venido para quedarse y, naturalmente, no sólo en España. En Australia, por ejemplo, la demanda de electricidad tomada de la red por persona ha bajado de 1 kW en 2010 a 0.8 kW en 2016. La explicación para esto es que el kWh sale alrededor de ocho céntimos cuando procede del techo solar frente a unos 41 céntimos de media cuando se toma de la red australiana. El sistema español garantiza que la electricidad llega a nuestra casa a 230 Voltios, con una frecuencia de 50 Hz y sin apenas apagones. Es un buen sistema eléctrico pero con un precio final que está muy por encima de la media europea, tanto para los hogares como para las empresas. Este resultado es difícil de explicar cuando se tiene en cuenta que el combustible de plantas renovables como las hidráulicas, las eólicas y las fotovoltaicas es cero y también cuando se recuerda que la mayoría de las centrales nucleares están amortizadas. Con todo ello, es fácil concluir que los problemas de equidad o justicia no sólo están en quienes pueden y no separarse de la red eléctrica, sino en que todos –españoles con mayores o menos ingresos– tenemos que pagar muy caro cada kilovatio.