El tercer fiscal anticorrupción se encargará de las facturas de UGT-A

Fernando Soto, especializado en delitos económicos, se incorpora ante la avalancha de casos de corrupción.

El Ministerio Público ha nombrado a Fernando Soto como tercer delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla. Se hará cargo de la investigación correspondiente al caso de las facturas irregulares de UGT-A, que instruye la juez titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

El fiscal sevillano Fernando Soto fue designado ayer mismo al departamento hispalense de la Fiscalía Anticorrupción, según informaron fuentes del Ministerio Público a Europa Press, con la encomienda de encargarse de representar a la Fiscalía en las diligencias recaídas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a cuenta del presunto desvío de ayudas públicas y el supuesto falseamiento de facturas para justificar las mismas descubierto en la UGT de Andalucía.

Con el nombramiento de Soto, se atiende la demanda formulada la semana pasada por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quien reclamaba la creación de una tercera plaza de fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla ante el incremento en el volumen de trabajo registrado en los últimos cuatro años en la delegación, con investigaciones tan voluminosas como el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía o los relativos a las empresas públicas «Invercaria» y Mercasevilla.

Fernando Soto, quien hasta el momento estaba ligado a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla, ha sido de hecho el encargado de representar al Ministerio Público en la investigación correspondiente a las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de «Invercaria», la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía. Este caso en cuestión está siendo instruido por el juez Juan Gutiérrez Casillas, titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

El caso de las facturas irregulares de UGT-A ha acabado por desbordar al Ministerio Público, que hasta el momento tenía designados en la delegación de Sevilla a los fiscales anticorrupción Manuel Fernández Guerra y a Juan Enrique Egocheaga. Las diligencias se encuentran en un momento inicial, aunque se prevé que la causa sea extensa teniendo en cuenta las numerosas irregularidades contables aparecidas en LA RAZÓN y otros medios de comunicación en los últimos meses. Y las posibles conexiones con el caso de los ERE irregulares, en el que también están implicados los dos sindicatos de clase.

El escándalo le ha costado el puesto al ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, que se vio obligado a dimitir a finales de noviembre, acorralado por la espiral de informaciones sobre la ingeniería contable articulada por UGT-A para cargar a subvenciones finalistas de la Junta gastos internos de todo tipo. Este periódico informó recientemente de que UGT-A cargó a dos subvenciones de formación continua la compra de 400 relojes y 200 bolígrafos de plata. La cúpula del sindicato también se regaló en las navidades de 2010 40 videocámaras que pagó con un bote generado con facturas irregulares. La factura de la grabación a láser del logo de UGT en los aparatos, la cargó el sindicato, como avanzó este periódico, a una subvención del plan Memta, uno de los programas estrella de la Junta para combatir el desempleo.