El TSJA imputa a Gordillo un delito de usurpación

El diputado de IULV-CA y el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, es un líder habituado al ruido que va a tener que acostumbrarse a los ecos judiciales. Con varias causas pendientes, conoció ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias contra él por un presunto delito de usurpación por la ocupación el pasado verano de la finca «Las Turquillas», unas 1.200 hectáreas del término municipal de Osuna (Sevilla) dependientes del Ministerio de Defensa.

El magistrado del Alto Tribunal andaluz Jerónimo Garvín ha citado al también líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a declarar como imputado el próximo 4 de abril. ¿A qué se debe esa decisión? Sánchez Gordillo, su lugarteniente, Diego Cañamero, y otros 52 militantes y simpatizantes del SAT ocuparon el 24 de julio de 2012 los mencionados terrenos, en los que permanecieron más de 15 días, hasta que fueron desalojados de madrugada por la Guardia Civil. Justificaron su acción en que el Ejército sólo utilizaba 20 hectáreas de la finca para una yeguada militar y el resto «estaba muy desaprovechado». Entonces, el diputado de IU aseguró a este periódico no considerar que hubieran cometido delito alguno ni que tuvieran que pedir disculpas por nada. Sin embargo, los hechos recalaron en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna que instruyó la causa y finalmente se inhibió en favor del TSJA, dada la condición de aforado del alcalde de Marinaleda.

Unos «550 procesados»

En noviembre, Cañamero y la mayoría de los implicados fueron citados a declarar, pero se negaron a hacerlo. Muchos de ellos dicen ser «insumisos judiciales». Desde esa condición, el dirigente sindical apunta a LA RAZÓN ser consciente de que «no» les «van a aplaudir por las denuncias necesarias en la sociedad que vivimos» que llevan a cabo, a las que no renuncian. Es más, en concreto sobre «Las Turquillas» advierte: «En cuanto el tiempo mejore y hagamos algunos preparativos volveremos a ocuparla». Y ello, pese a que Sánchez Gordillo acumula «más de una decena de cargos» y el sindicato cuenta ya con «alrededor de 550 personas procesadas en toda Andalucía».