Convenios colectivos

El TSJA tumba el Presupuesto de Granada de 2012

El Ayuntamiento descarta pagar los 1,8 millones de productividad

José Torres Hurtado, exalcalde de Granada
José Torres Hurtado, exalcalde de Granadalarazon

Granada- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Presupuesto del Ayuntamiento de Granada correspondiente al ejercicio 2012 «por no ser ajustado a derecho» en lo que respecta a la eliminación de la paga de productividad de los funcionarios municipales, que ordena modificar y que se establezca en las mismas cuantías que en el año anterior.

El fallo, al que tuvo acceso Europa Press, estima el recurso contencioso-administrativo formulado por el sindicado CC OO, que alegó que el convenio regulador de las condiciones de trabajo laborales y de funcionarios del Ayuntamiento, que recogía lo relativo a los complementos de productividad, permanecía vigente en 2012, con lo que, de eliminar la paga, se estaría incumpliendo el acuerdo.

El Ayuntamiento, en su contestación al recurso, ya justificó la supresión «en sintonía con la situación económica actual», pero el Alto Tribunal andaluz le recuerda que el convenio, que había sido prorrogado en un año, hasta 2012, no fue denunciado, por lo que es «aplicable», si bien sí admite que la productividad no aumente, al ser de aplicación el Presupuesto General del Estado de 2011, que recogía que las retribuciones no experimentarían «ningún incremento».

Por ello, el convenio, con esa «limitación» respecto a la congelación del complemento de productividad, «debe aplicarse al no haberse denunciado y no haberse acordado la suspensión o modificación del mismo». «Ha de entenderse que no ha mediado una actuación propia del ente local acordando la suspensión o modificación del convenio en lo relativo al punto del complemento de productividad, ni una justificación o motivación de la concurrencia de dichas circunstancias de causa grave de interés público por alteración sustancial de las condiciones económicas», señalan los magistrados. El Ayuntamiento se mostró en descuerdo con la sentencia y descarta que vaya a abonar los 1,8 millones de euros que no se incluyeron por este concepto.