Empleo sacará a licitación los cursos de formación y pone fin a las subvenciones

Blanco afirma que de 2016 a 2018 se han dejado sin gastar 737 millones y hay expedientes por 386 millones sin resolver

La Junta de Andalucía sacará las próximas convocatorias de los cursos de formación para el empleo a licitación pública en régimen de concurrencia competitiva y abandonará el «ineficiente» modelo de subvención, según anunció este jueves en comisión parlamentaria la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.

Blanco calificó de «lamentable» la situación encontrada al llegar al Gobierno en esta materia y denunció el «grave perjuicio» ocasionado a los desempleados andaluces y a muchas empresas. Según expuso, en el trienio 2016-2018 el presupuesto andaluz contemplaba fondos para 890 de fondos para la formación profesional para el empleo de los que se ha ejecutado el 18%, dejando de gastar 737 millones. El anterior Gobierno socialista paralizó los cursos de formación ante la investigación judicial del presunto fraude en las subvenciones a empresas para impartirlos, en la que el PP –entonces en la oposición– vio un nuevo caso ERE. Varios juzgados provinciales han archivado ya diferentes piezas si bien aún se investigan algunas como las ayudas otorgadas a las empresas del ex consejero Antonio Ojeda para la formación de los ex trabajadores de Delphi o las de la extinta fundación pública Faffe.

Blanco señaló que también se acumulan expedientes sin resolver, algunos de los cuales se remontan a más de una década, por importe superior a 386 millones, y alrededor de 30.000 expedientes correspondientes a becas y ayudas individuales del período 2010-2016, pendientes de resolución.

Tras insistir en la necesidad de reactivar las convocatorias formativas «con control, eficacia y eficiencia», anunció la puesta en marcha, en el menor plazo posible que permita el trámite administrativo pero que no concretó, de una convocatoria de acciones dirigidas a trabajadores ocupados, por valor de 20 millones, y una dirigida a desempleados, con compromiso de contratación, dotada de otros 20 millones.

Una formación en la que se impulsarán los cursos relacionados con el empleo en la economía digital. Ante el «poco éxito de las políticas del pasado», la consejera defendió un nuevo enfoque que promueva la adquisición y actualización de conocimientos, que mejore la perspectiva de empleo estable y de calidad y que se acerque más a las actuales y futuras necesidades de las empresas que operan en Andalucía. Para ello se identificarán las ocupaciones y conocimientos más demandados, así como los sectores más estratégicos y los requerimientos de formación de cada zona.

Recordó el plan de choque puesto en marcha para desatascar los cursos de formación, que incluye el refuerzo del personal interventor y la dotación de recursos materiales para simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la gestión de las subvenciones y becas actualizando la aplicación informática y creando dos grupos de trabajo que analizan mejoras y guías para facilitar la gestión de las justificaciones. Para ello, Empleo ha pedido contratar 134 interinos de refuerzo por seis meses.

Las políticas activas, a examen

En la comisión parlamentaria, Blanco también marcó como «prioridad» evaluar «con rigor» el impacto de las políticas activas de empleo desarrolladas en los últimos años y las que se pondrán en marcha para «identificar qué está funcionando y qué no».

Según explicó, hasta el momento este examen se ha ceñido al seguimiento de la ejecución presupuestaria «sin ahondar en el análisis de la empleabilidad desde la perspectiva del impacto real en el mercado de trabajo». Un equipo de trabajo interno del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Unidad de Evaluación, ha empezado por los planes de empleo que ejecutan los ayuntamientos, con el desarrollo de las Iniciativas de Cooperación Social y Comunitaria que supusieron la contratación de unos 28.000 desempleados con un presupuesto en 2016 de 250 millones.

Se analizará el número de beneficiarios y si existen sesgos que afecten a determinado colectivos, el número de contratos y acreditaciones de cualificación profesional ligadas a los contratos realizados por los ayuntamientos en los proyectos. Por último, se pretende realizar una medición del impacto real en la mejora de la empleabilidad de los beneficiarios. No sólo se analizará la inserción laboral posterior de los desempleados contratados sino si hay una relación causal entre su paso por el programa y el empleo al que han accedido en el mercado laboral.

Tras los programas de empleo municipales se evaluarán las Experiencias Profesionales para el Empleo, los Itinerarios Personalizados de Inserción y los servicios de Orientación laboral, según anunció la consejera.