Ex altos cargos defienden la «legalidad» de las ayudas estatales a la Faja Pirítica

Aseguran desconocer el procedimiento de concesión seguido en este caso por la Junta y niegan la existencia de intrusos

La ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García, y Soledad Cordova Garrido, respectivamente, declararon ayer como investigadas ante la jueza María Núñez Bolaños dentro del «caso de los ERE irregulares» y defendieron la «legalidad» de las ayudas que el Gobierno central concedió para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, negando la existencia de intrusos.

La magistrada tomó declaración en calidad de investigados tanto a las dos ex altos cargos referidas como al ex secretario general de CC OO-A Francisco Carbonero; a Begoña Abdelkader, trabajadora sindical en UGT; a Manuel Chaves Castilla, en su condición de secretario de Organización de FIA-UGT Andalucía en el año 2004; a Rafael Varea, como secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CC OO en el año 2003 y como tesorero de la Asociación de la Faja Pirítica, y a un «intruso».

Fuentes del caso informaron a Europa Press de que, durante su comparecencia ante la magistrada, que atribuye a ambas presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, Soledad Cordova puso de manifiesto que la ayuda concedida por el Gobierno se otorgó conforme a la Orden Ministerial de 1995, de forma que «cumplía los requisitos exigidos» por dicha Orden y por tanto «fue legal».

Cordova, que únicamente contestó a las preguntas formuladas por la jueza y por su abogada defensora, indicó que, en el caso de las ayudas que otorgó la Junta, «desconoce el procedimiento de concesión» que se siguió, aunque señaló que la Administración autonómica tenía «plenas competencias» para otorgar ayudas extraordinarias en materia laboral. Asimismo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, la ex directora general de Trabajo del Ministerio aseguró que, en cuanto a la ayuda por la que declaró en relación a la Faja Pirítica de Huelva, la misma «iba fiscalizada previamente», ya que la Administración central contaba con dicha fiscalización, según remarcó.

La investigada también dijo que el Estado «siguió el procedimiento de la orden, tal y como informa» la pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como que los trabajadores de su expediente «cumplían los requisitos» de la orden referida.

La ex secretaria general de Empleo del Ministerio Carmen de Miguel García también manifestó que las ayudas del Estado se otorgaron conforme a la orden de 1995, tal y como recoge el informe pericial de la IGAE y la investigada ratificó. Esta declarante señaló que los trabajadores de los expedientes vinculados al Ministerio del ramo «cumplían los requisitos» y se remitió, en ese sentido, a los informes de la Inspección de Trabajo obrantes en la causa, añadiendo además que los listados de trabajadores «se revisaron», de forma que «si alguno no cumplía los requisitos, se anulaba» esa ayuda.

Algunos de los investigados coincidieron en criticar los «muchos errores» en que ha incurrido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su atestado sobre las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, atestado que, a su juicio, «no tiene rigor», por lo que «no están de acuerdo» con sus conclusiones.

Por su parte, el secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CC OO en el año 2003 y tesorero de la Asociación de la Faja Pirítica, Rafael Varea, manifestó que la Junta puso en marcha las pólizas y los planes de prejubilaciones antes de que se acabaran de comprobar los listados por la Seguridad Social, «porque no querían esperar más», por lo que consideró que pudieron producirse «desajustes».

Las fuentes destacaron que la Fiscalía no ha formulado pregunta alguna a ninguno de los investigados, alegando que ha recurrido en apelación el auto de incoación de esta pieza separada para ampliar tanto los hechos como las personas investigadas y que este recurso aún no ha sido resuelto por la Audiencia, por lo que entendió que se les ha causado indefensión.