Facua denuncia que Magrudis no podrá hacer frente a las indemnizaciones

La asociación de consumidores ha recordado una ley de 1984, refundada en 2007, que obliga a las empresas a tener un seguro o fondo de garantía obligatorio para prevenir crisis de este tipo, pero que nunca se ha llegado a desarrollar por ningún gobierno

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha anunciado que se encuentran “muy preocupados” de cara a los afectados que “quieran reclamar indemnizaciones económicas por daños y prejuicios y por daños morales”. Según la asociación de consumidores, la empresa afirmó que tiene un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros. Una cuantía que han catalogado de “ridícula” y que, en caso de que “exista o estén al corriente del pago”, no cubriría “las indemnizaciones millonarias que deberían recibir numerosos afectados”.

Rubén Sánchez ha pedido que "el presidente del gobierno se comprometa ya a poner en marcha encuentros con todas las fuerzas de la oposición para consensuar un cambio en la Ley de Seguridad Alimentaria para regular que todas las empresas alimentarias cuenten con un seguro y tengan que aportar cantidades a un fondo de garantía que cubran indemnizaciones económicas derivadas de intoxicaciones alimentarias”. Actualmente no existe un marco normativo que obligue a las empresas a que tengan un seguro o un depósito de garantía para estos casos.

En 1984, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios estableció que el Gobierno adoptaría un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía para pagar indemnizaciones. Sin embargo, Facua ha denunciado que “35 años después de la promulgación de esta ley ningún gobierno se ha preocupado de desarrollar su artículo trigésimo, que estableció la obligación de tener dicho seguro”.

Además, en 2007 se aprobó un texto refundido de la Ley de 1984 en el que se actualiza la norma. En su artículo 131 incorporó un texto muy similar al de la ley original de 1984. No obstante, aún no se ha aprobado y ni desarrollado por ningún gobierno.

La querella interpuesta por Facua ha recaído en el juzgado de instrucción número diez de Sevilla. Aunque todavía no han avanzado cuáles han sido todas las medidas cautelares y diligencias de investigación que han incluido, sí han adelantado que se ha pedido la solicitud de interrogatorios al propietario oficial y al supuesto propietario o gerente de la empresa, que se investigue quiénes son sus trabajadores, que se citen como testigos a las víctimas y propietarios de los locales de hostelería y “la imputación, como mínimo, de los responsables máximos de la empresa”, ha concluido Rubén Sánchez.

Croquetas y flamenquines

Nadie sabe si hay otras empresas en paralelo o si existe otra fábrica de Magrudis, pero el ayuntamiento de Sevilla ha detectado más de 50 productos ajenos a lo que ya se conocía. El portavoz de la asociación lamenta que “ni siquiera se sabe si tendrían marca o no, como ocurría con comercial Martínez León. Podría haber en el mercado croquetas, flamenquines u otros productos que aparecen en la documentación al que el ayuntamiento ha accedido y que no sabemos si estarían o no etiquetados”. Desde Facua temen que ya “se hayan podido destruir o esconder pruebas” cruciales en el transcurso de la investigación.

Se está indagando si las personas que están tras la empresa disponen de bienes patrimoniales. “El supuesto propietario oficial -Sandro José Marín Rodríguez- no tiene bienes inmuebles a su nombre. Estamos investigando si su padre, quien se presenta públicamente como gerente y habla de Magrudis como ‘mi empresa’, igualmente tiene propiedades y a lo largo de la instrucción judicial pudiera responder con ellas”, ha explicado Sánchez.

Por otro lado, el administrador único de la empresa ha asegurado que tienen "unos veinte trabajadores", pero en las últimas cuentas anuales de Magrudis SLU sólo constan cinco, dos de ellos fijos y tres no fijos, según ha podido comprobar Facua.