Funcionarios frenaban el «control de la Intervención», señala Alaya

Alaya entiende que «se frenaba la labor de control de la Intervención» en los fondos destinados a los cursos de Formación. El jefe de servicio de Formación en Almería entre 2008 y 2013, Blas Méndez, declaró como imputado ante la jueza e indicó que no se explica las irregularidades observadas por la Intervención en la gestión de los cursos. La magistrada alude a 473 entidades con 327 millones sin justificar en una resolución de diciembre de 2009; y de 365 empresas y 306 millones sin justificar en otra de diciembre de 2010. Lo que «ocasionaría en connivencia con sus superiores un grave menoscabo de fondos».

Según el auto de declaración al que accedió LA RAZÓN de Andalucía, Blas Méndez, acusado de malversación de caudales públicos, achacó el «desorden» de los expedientes por la actuación de las empresas que se encargaron del escaneo. Sobre la falta de documentación que reconoce la Intervención, no se explica que no esté en su correspondiente expediente. «En definitiva, no se explica las irregularidades observadas», recoge el acta de la declaración. También indicó que «no entiende» cómo en 2011 se exoneraron de justificación a 1.410 entidades, cuando la jueza cuestionó sobre «empresas que sin mediar razón pública o interés social eran favorecidas por su personal decisión», admitiendo previamente que sólo había diez o 15 entidades pendientes de justificación y que ese año se dictaron tres resoluciones. El imputado señaló que «en la Delegación de Almería se llevaba la labor de justificación con un retraso razonable con el que no se perjudicaba el funcionamiento del servicio». Alaya acusó a este jefe de servicio de la «deficiente gestión en la tramitación de los expedientes», con incumplimientos como la ausencia de evaluación sobre las solicitudes y baremación de las entidades solicitantes o el compromiso de contratación en las acciones formativas «en todos los casos».

La jueza le señaló los «graves incumplimientos» en la justificación, en las que la mayoría de la documentación aportada eran fotocopias sin compulsa, y le acusa de «frenar» la labor de control de la Intervención emitiendo certificados de finalidad que permitían librar el último pago de la subvención, del 25%, sin un examen riguroso. Además, le imputa su participación en las resoluciones de exoneración para favorecer «sin mediar razón pública o interés social» a empresas que recibían nuevas ayudas sin justificar las anteriores.

La declaración se incluye en la ronda de diez jefes provinciales imputados citados esta semana, de los cuales los dos primeros, Carmen Gómez, de Sevilla, se acogió a su derecho a no declarar, y Daniel Fito, también de Sevilla, ha sido citado de nuevo el 12 de junio. La juez ha citado hoy a los jefes de servicio Antonio Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; José Ángel Gil Flores, de Huelva, y José Luis Valentín Martos, de Jaén. Mañana están citados Magín Bolívar y Noelia García, ambos jefes de servicio de Granada, y María Isabel Almendros, de Málaga, mientras que cerrarán las comparecencias el viernes Manuel Gavilán, de Córdoba, y Daniel Fito, de Sevilla.