Griñán no descarta que responsables del PSOE-A se «lucraran» de los ERE

«Si la política parece como un reducto de intereses corporativos o como la simple defensa de intereses partidistas, la ciudadanía se va a hartar del sistema, empezará a desconfiar de la democracia y entraremos en un terreno muy peligroso». Lo advirtió ayer el secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, durante su intervención ante el Comité Director del partido, foro en el que mantuvo que los recientes episodios de corrupción «han sido un acelerador del descontento» social y lanzó un mensaje a los suyos: «Todos debemos aprender a mirar la paja en el ojo propio». Empezó por él mismo.

Durante su discurso defendió que siempre que «se produce un enriquecimiento por el uso irregular de fondos públicos, no puede funcionar la lealtad ni el patriotismo partidario». Destacó el «daño a la credibilidad» del PSOE-A que ha causado la «mala» utilización «que hicieron responsables públicos de los recursos que anualmente destinaba el Parlamento a proteger» a los parados –o sea, los ERE–. «Un caso éste –llegó a aseverar– que a resultas de la investigación final puede mostrar que hubo responsables del partido que se lucraron en beneficio propio o de personas allegadas». Tras insistir en el punto del argumentario oficial, partidario y de la Junta, sobre la colaboración con la Justicia, Griñán avanzó: «Cuantos con un carnet socialista utilicen o hayan utilizado recursos públicos para su provecho, no sólo son delincuentes ante el Código Penal, sino que también lo son con nuestro partido porque han defraudado nuestra confianza y han dañado nuestro patrimonio», sentenció.

Desde esa óptica, se refirió a la Ley andaluza de Transparencia que se incuba y anunció que recogerá que «todos los cargos públicos, ejecutivos y parlamentarios deberemos estar en condiciones de detallar nuestros ingresos para, con ellos, justificar nuestro patrimonio, de arriba a abajo». «Ésta es la transparencia real que os exijo», enfatizó.

En clave de actualidad, aludió a «los sobresueldos que la mayoría de los dirigentes del PP han venido percibiendo y que son superiores a los que cobramos los demás en algunas instituciones», criticó. Aseguró que esa práctica, «inaceptable en términos políticos», constituye un «fraude democrático en toda regla», sobre todo, si luego «se dan lecciones de austeridad» y se privatizan servicios. Para el socialista: «Cuando se obtienen remuneraciones públicas por el mismo concepto por el que se reciben –las gratificaciones– deben prohibirse por ley». Y con un matiz: «Aunque se declaren a Hacienda». ¿Por qué? Esgrimió varias razones: la actividad pública debe estar pagada «conveniente y transparentemente», sus retribuciones han de ser iguales, conocidas, sometidas al Boletín Oficial y atender a «criterios objetivos para todos los servidores del Estado». A juicio de Griñán, el abono de sobresueldos «plantea interrogantes sobre la financiación de los partidos», por lo que exigió conocer su procedencia.

«Sería inadmisible –dijo– que el sector privado llegara a financiar el sueldo de políticos porque significaría que el patrón de éstos no es el pueblo» sino aquel.

Palabras al rescate de la política, «el territorio del inconformismo y del progreso».