Griñán y Chaves sí conocieron el sistema fraudulento para pagar los ERE

«Hoy sabemos que mintieron». Con esa contundencia se expresa el PP en un escrito de 305 páginas presentado ayer en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y que anunció Juan Ignacio Zoido en el Parlamento de Andalucía durante la sesión de control al Gobierno. La denuncia de los populares ante la juez Mercedes Alaya desmonta la estrategia de defensa de la Junta y del PSOE porque aporta nueva información que demostraría que los avisos de la Intervención General en los que alertaba del mal uso de las transferencias de financiación a las empresas públicas llegaron al Consejo de Gobierno. «Y fue el sr. Griñán Martínez quien, a través de las memorias anuales que realizaba la Intervención General de la Junta de Andalucía y que le eran remitidas por ésta, junto a la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno mediante el que se aprobaba el programa anual de control financiero permanente de las empresas públicas, puso en conocimiento de todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las irregularidades cometidas por las distintas consejerías en la tramitación de los expedientes administrativos para el envío de fondos a las empresas públicas a través de las transferencias de financiación y sus consecuencias perversas en la contabilidad...», apunta el escrito.

El giro a la causa de los ERE puede ser esencial para fundamentar las posibles responsabilidades de los ex presidentes Chaves y Griñán, por el momento, «preimputados» por la juez. Lo curioso es que los documentos en los que se basa la denuncia han sido aportados por la propia Administración autonómica a otro juzgado. En concreto, al de Instrucción 16 que investiga las irregularidades en la empresa pública Invercaria. El PP también está personado en esta causa como acusación y ha tenido acceso a esa información que ahora pone en conocimiento de Alaya.

La clave es que todos los años desde 2005 –Griñán sustituyó a Magdalena Álvarez como consejero de Economía y Hacienda en 2004–, el Consejo de Gobierno aprobaba el programa de control financiero permanente a las empresas públicas de ese ejercicio y se incluía la memoria del año anterior –el primero, correspondiente a 2004–. En todos figuraban las advertencias de la Intervención sobre el uso irregular de las transferencias de financiación –el modelo que impedía la fiscalización previa de las ayudas y que separaba el expediente administrativo del gasto–. Esta costumbre acabó en 2007, ya que el plan aprobado ese año sigue aún vigente, motivo por el que no se volvió a elevar los años sucesivos al Consejo de Gobierno.

El PP «aventura», tras revisar el expediente de acuerdo de 19 de abril de 2005 del Consejo de Gobierno, que podrían haberse «eliminado algunos documentos» e incluso «induce» por una fotocopia de una ley sobre las transferencias de financiación que figura subrayada que fue «analizada en la sesión», una evidencia más de que los consejeros conocían los problemas que la Intervención ponía al uso de las transferencias de financiación. En este sentido, aporta una entrevista reciente del ex presidente Chaves en el que admite que «los ERE, el fondo que se estableció, respondían a una voluntad política, dentro de la ley, de resolver problemas de trabajadores y empresarios en una etapa muy grave de paz social». La cuestión es –tesis que ha planteado la instructora en alguna ocasión– si la voluntad política se impuso a la jurídica.

Los avisos se repiten en 2006 y 2007. Desde ese año, la Junta no modifica el listado de entes sometidos a control financiero permanente.