Guerrero apuntó a Viera y la jueza lo cita a declarar como investigado en una pieza de los ERE

El ex director general apoyó la versión del ex alcalde de Alcolea que vinculó al ex consejero con dos ayudas

A la memoria muscular de uno de los principales encausados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, hay quien «quizás debiera tenerle cierto respeto», a juicio de abogados participantes en el proceso. El pasado jueves, el ex alto cargo andaluz volvió a visitar el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para prestar declaración, esta vez en relación a subvenciones concedidas a los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios y Alcolea del Río, con cargo a la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles». Aunque en esencia se acogió a su derecho a guardar silencio por consejo de quien es su abogado aún en algunas de las piezas del «macroproceso» de los ERE, Fernando de Pablo, Guerrero quiso dejarle claro a la jueza María Núñez Bolaños, que estaba de acuerdo con el ex alcalde de Alcolea Carlos López según ha podido saber LA RAZÓN. ¿A qué se refería? El ex director general de Trabajo era consciente de que el ex regidor se había referido al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, investigado también en el caso, como la persona que le «concedió verbalmente» en una reunión, al menos una primera ayuda de 60.000 euros otorgada en 2003, y que habría amparado como máximo responsable de Empleo la asignación de una segunda subvención por la misma cuantía en 2004 con motivo de la celebración de la Feria de Desarrollo Rural Equivir.

Guerrero trasladó a Núñez Bolaños que en efecto fue el ex titular de Empleo quien supuestamente «comprometió» esos fondos y negó que él hubiera tenido poder para hacerlo. Su centro directivo era, expuso ante la instructora, el encargado de «ejecutar», de «dar forma», a los «compromisos políticos» que se adquirían por encima y que en el asunto concreto que abordaron el jueves coincidía con López. Y ha habido más movimientos. La magistrada ha citado a declarar como investigado a Viera por las dos ayudas conferidas hace más de una década por el Gobierno autonómico al Ayuntamiento sevillano de Alcolea.

A través de un auto, consultado por este periódico, la jueza convoca al ex diputado nacional del PSOE el próximo 9 de febrero, tal y como lo había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Llama también a comparecer ese mismo día al ex alcalde socialista de Alcolea del Río, si bien a él en calidad de testigo –el Ministerio Público pidió que se le imputara pero los delitos habrían prescrito–; así como a la que era secretaria municipal cuando sucedieron los hechos que ahora se analizan.

La magistrada, vía su nueva resolución, da además traslado a las partes personadas en el procedimiento para que se pronuncien sobre la demanda realizada por Anticorrupción en relación a que estas pesquisas, que ya constituyen una de las piezas separadas de la «macrocausa» de los ERE, sean declaradas de especial complejidad. De etiquetarse finalmente de esa forma, supondría que la duración de la instrucción sería de 18 meses, que podrían incluso prorrogarse, de acuerdo a lo fijado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015 de 5 de Octubre, que marca ese plazo para las complejas, frente a los seis meses de tiempo que establece para las catalogadas como sencillas.

Implicado en otras piezas

Lo que suceda en esta pieza no es lo único a lo que tendrá que hacer frente Viera. La propia Núñez lo encausó en otros bloques como el centrado en los aproximadamente 34 millones de euros que recibieron por parte de la Junta empresas de dos ex concejales socialistas de El Pedroso (Sevilla). Y, sobre todo, el ex titular de Empleo está incluido en el listado de señalados por el juez Álvaro Martín antes de abandonar el juzgado en la denominada rama política del «macroproceso», la centrada en el procedimiento específico que permitió que se nutrieran financieramente los ERE y el presunto reparto discrecional del dinero público. La Fiscalía pide tanto para él como para Guerrero ocho años de prisión sólo en el ámbito de esa investigación judicial.