Guerrero contraataca y acusa a la Junta de "enriquecimiento injusto"al no pagar a UMAX

La defensa del ex director de Trabajo niega el perjuicio a las arcas públicas por los contratos a través de esta sociedad y cuestiona "¿qué delito tiene decirle a una persona que entregue el currículum por si le cogen?"frente a las acusaciones de colocar a amigos

La defensa del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que se enfrenta junto a sus sucesores Javier Márquez y Daniel Rivera y otros dos ex altos cargos de la Junta a 10 años de prisión por prevaricación, malversación y falsedad documental en la contratación de personal a través de la empresa UMAX, contraatacó este miércoles a la acusación que ejerce el Gobierno andaluz contra él al negar que dichas contrataciones provocaran un perjuicio a las arcas públicas. "Todo lo contrario, ha tenido un enriquecimiento injusto", ha alegado su abogado, Rafael Ramírez, en su informe final, al recordar que el caso estalló cuando el dueño de UMAX, Ulpiano Cuadrado -también acusado- reclamó en 2010 una deuda de 1,5 millones de euros por el impago de los servicios prestados por sus empleados a la Dirección de Trabajo, con la que venía trabajando desde 2003 por un "contrato verbal"con Guerrero pero que no le abonaban desde 2008.

Fue precisamente esa reclamación la que sacó a la luz esta causa, siendo entonces director de Trabajo Daniel Rivera y al no hallarse contrato entre este departamento y UMAX que justificara que un tercio de los empleados en la Dirección general pertenecieran a esta empresa. Empleados que fueron entonces despedidos si bien la mayoría pasaron a la fundación pública Faffe y luego al SAE, donde muchos continúan, accediendo así a la administración pública sin el procedimiento legalmente establecido para ello basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Junta inició un expediente de revisión de oficio y no ha pagado la deuda reclamada por el dueño de UMAX, de ahí que la defensa de Guerrero hable de "enriquecimiento injusto"de la Junta, que ejerce en este caso la acusación particular, según el letrado, "no buscando perseguir el delito sino simplemente evitar el pago de una deuda que tiene con una empresa privada".

La defensa de Guerrero alega que "hasta cuatro empresas han actuado igual"contratando con la Junta para que sus trabajadores prestaran servicios a ésta "y no se les ha iniciado procedimiento penal", por lo que a su juicio "se ha discriminado"a su cliente porque en la macrocausa de los ERE, de la que derivó está, ha sido señalado como "el principal acusado".

"Se ha orientado toda la investigación no para aclarar hechos concretos sino buscando el principio de culpabilidad para condenar al señor Guerrero", denunció su abogado, quien expuso que se contrató con Ulpiano Cuadrado porque su empresa ya venía prestando servicios para otras direcciones generales de la Junta "no porque tuviera amistad con Guerrero u obtuviese beneficio, que todavía esta defensa no sabe qué sacaba el señor Guerrero con esta contratación".

Igualmente el letrado ha negado las relaciones de amistad que la Fiscalía y la acusación particular de la Junta atribuye a las personas contratadas "con los criterios de UMAX"y sin la participación del ex director de Trabajo. "Todas y cada una han declarado que Guerrero no tuvo nada que ver en su contratación, no recinió ningún currículum, no entrevistó a nadie y no hizo ningún contrato", defendió.

Alegó que de los 44 trabajadores de UMAX que prestaron servicios en su departamento "ahora resulta que son seis las personas cercanas a Guerrero"e ironizó con que "el delito que cometen es haber nacido en El Pedroso", localidad sevillana de la que Guerrero fue alcalde. "En una población de poco más de 2.000 habitantes es lógico que la gente conozca a su alcalde pero ¿qué delito tiene que él le diga a una persona 'entrega el currículum a una empresa privada y veremos si te contrata con sus criterios'?", cuestionó.

Por su parte, la defensa de Daniel Rivera -que asumió la Dirección General de Trabajo en abril de 2010- subrayó que fue su cliente quien "puso fin a una situación irregular"cuando Cuadrado acudió a reclamarle una deuda y se enteró de que había trabajadores externos de UMAX trabajando en la administración, y enfatizó que "es revelador"que la Junta no ejerza la acusación contra él.

"Lejos de ser culpable, contribuyó a regularizar al personal", explicó, tras criticar que en su informe la Fiscalía introduzca acusación por la contratación posterior de la mayoría del personal de UMAX en la fundación Faffe pese a que "nada ha acreditado que haya sido irregular"y además "no es objeto de este procedimiento". De hecho alegó que "una se hace de forma reglada y otra no".

No obstante ha subrayado que ante la "conflictividad laboral"que supuso el despido del "30% del personal"de la Dirección de Trabajo que pertenecía a UMAX, se reunió con ellos para "velando por el interés económico de la Junta ofrecerles algunas garantías de que quizás alguno de ellos pudiese ser contratado no por la Dirección de Trabajo sino por la Faffe"con los criterios de la fundación, pues "sabía que tendría que reclamar personal eventual".

"No es más que la buena fe de mi patrocinado l o que le motiva estar aquí sentado", lamentó la defensa de Rivera.