Caso ERE
Guerrero otorgó una ayuda del «fondo de reptiles» tras mediar la CEA
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) intercedió ante el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en libertad tras ingresar en dos ocasiones en prisión provisional, para que éste otorgara una ayuda a una cooperativa de la Sierra Norte de Sevilla, uno de los epicentros de la trama por la concentración de subvenciones públicas. Esta comarca recibió 52 de los 82 millones librados en ayudas en la década investigada. Empleo accedió de forma rápida a la petición y pagó los 190.000 euros requeridos.
El secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, según documentación a la que ha accedido LA RAZÓN, dirigió un escrito al ex director general de Trabajo el 17 de octubre de 2003, con fecha de entrada en el registro de la Junta tres días más tarde. Dirigiéndose a Guerrero como «querido amigo Javier», le trasladó el proyecto de la Cooperativa Andaluza Virgen de Robledo de Constantina. «Adjunto te acompaño el proyecto presentado por nuestro amigo común, Juan Miguel Mejías Ramírez, quien me indica que en su momento quedasteis en que te lo haría llegar, con independencia de su tramitación administrativa, para su apoyo e impulso, cuestión que te agradeceré. Un fuerte abrazo».
Se trata concretamente del acondicionamiento de una nave y la instalación de depósitos de aluminio para conservar la calidad del aceite, así como la instalación de una nueva línea de limpieza, lavado y pesado. El plan de viabilidad y las características técnicas están detalladas en un informe de 54 páginas encargado por la cooperativa, que en 2003 contaba con 250 socios.
La mediación de la CEA causó un rápido efecto. El 8 de marzo de 2004 el entonces director general de Trabajo firmó un convenio de colaboración con el director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Francisco Mencía –imputado en el caso–. El IFA, luego IDEA, es el ente instrumental al que empleo desvió los pagos de las ayudas para evitar los controles de la Intervención General. Una y otra parte acuerdan el pago de 190.000 euros con cargo a la partida 31L, bautizada por el propio Guerrero como «fondo de reptiles» en una declaración ante la Policía. La cantidad se corresponde casi al céntimo con el presupuesto que tenía la cooperativa: 189.194,43 euros. En la documentación del sumario la ayuda aparece con fecha de la firma del convenio, el 8 de marzo de 2004 y satisfecha en su totalidad en un único pago en 2005. Recoge el citado convenio que la sociedad cooperativa Virgen de Robledo tenía «una plantilla estable de diez trabajadores, más el consiguiente empleo que genera la recolección de la campaña, pudiendo con estas inversiones mantener e incrementar el empleo así como ofrecer un producto de mayor calidad, lo cual generará una mayor salida al mercado».
Este periódico se puso en contacto con el secretario general de la CEA. Carrillo señaló que «la Confederación de Empresarios de Andalucía ha venido apoyando históricamente a las empresas que le han pedido ayuda, tanto para conseguir una subvención como para que se agilizaran pagos pendientes», siempre actuando con «buena fe».
Señaló asimismo que en modo alguno sabía la CEA que se trataba de una ayuda irregular cargada al «fondo de reptiles». «De esto me estoy enterando ahora mismo por usted». A la pregunta de si no le extrañó que no hubiera ninguna convocatoria pública ni orden oficial para acceder a estas subvenciones de la partida 31L, el dirigente de la patronal aseguró: «Ni me llama ni me deja de llamar. No he reparado en absoluto si había una convocatoria pública. Hice esta gestión por escrito para ayudar a una empresa como he hecho otras por teléfono».
Carrillo asegura conocer a Guerrero igual que conoce al resto de consejeros, directores generales o consejeros de Empleo con los que ha tenido que tratar desde el año 1977 en que comenzó a tener puestos ejecutivos en la patronal andaluza. Al presidente de la cooperativa de aceite de Constantina lo conoce «desde hace más de treinta años». «Fue él quien me pidió que lo ayudáramos».
La Guardia Civil y la juez encargada del caso han resaltado en más de una ocasión que la única forma de acceder a ayudas públicas fuera a través del PSOE, de la Consejería de Empleo o de los sindicatos, ya que la absoluta opacidad del proceso evitaba un acceso en igualdad de condiciones a través de la concurrencia competitiva, dando así lugar a la arbitrariedad y discrecionalidad en la concesión de fondos. UGT y CC OO, además del cobro irregular de subvenciones, también dirigieron cartas a la Dirección General de Trabajo para que ésta otorgara ayudas del «fondo de reptiles» o pagara nóminas atrasadas. En el «caso de los ERE» hay una veintena de sindicalistas procesados. Ninguno, hasta ahora, de la patronal.
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