«Hace falta una reforma de la función pública distinta a la planteada por la Junta»

Una de las herencias del Ejecutivo de Griñán que tendrá que asumir el equipo de Díaz es la reordenación del sector público, ¿CSIF-A sigue estando en contra?

–Sí. Se ha hecho a espaldas de los sindicatos que teníamos la representación para negociar. La han planeado en el marco de la concertación, con CC OO y UGT; y han creado un lío tremendo. Hace falta una revisión y una reforma de la función pública distinta. Estamos dispuestos a hablar de todo ello, pero en contra de lo planteado hasta ahora por la Junta.

–El PP-A interpuso un recurso contra el Decreto de reordenación, ¿ha considerado su sindicato tomar alguna iniciativa judicial en ese sentido?

–La asesoría jurídica está valorando que si hubiese alguna sentencia del Supremo que nos diese pie para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, no nos vamos a negar. Si los abogados consideran que es el momento, lo haremos. Pero no será un farol como los que veo de algunos sindicatos sectoriales que dicen que recurrirán al TC, cuando saben que la viabilidad es nula. Somos más responsables y lo haremos si no perjudica al recurso que está en marcha de toda la ley.

–¿Se ha hecho en realidad la tal reestructuración del sector?

–Absolutamente no. Ahora ha cambiado la consejera del ramo, con el equipo, y aún no hemos tenido una reunión formal con luz y taquígrafos. Imagino que habrá una pronto. Tenderemos la mano para trabajar y apoyar en lo que se pueda al Gobierno andaluz, pero no vamos a pasar por cualquier cosa.

–¿Cómo por el nuevo recorte de las pagas extra? ¿Volverán a las calles?

–Seguiremos. No tenemos más remedio, salvo que la consejera dé muestras de que se van a hacer cosas diferentes en Andalucía. Los empleados públicos no podemos ser siempre los que paguemos todas las crisis que hay en este país. Ya hemos sufrido cuatro congelaciones salariales, que el Gobierno de Rajoy nos quitara la paga extra de 2012 y que el último de Zapatero suprimiera el 5 por ciento del total de nuestras retribuciones, algo irrecuperable. Hemos perdido más de un 30 por ciento de poder adquisitivo.

–En relación a la poda de la extra, también anunciaron que estudiarían medidas legales, ¿hay ya una decisión?

–Estamos trabajando en ello. Si vemos algún resquicio legal para poder recurrir con garantías procesales, lo haremos. Pero las tasas judiciales y los impresionantes pagos de costas obligan a pensárselo y condicionan a cualquier organización nuestra acción sindical. Cada demanda que ponemos nos puede costar del orden de 4.000 o 5.000 euros. No se puede derrochar el dinero de las cuotas de los afiliados, aunque, si nuestro servicio jurídico nos dice que tiene sentido hacerlo, iremos hacia delante.