Hubo un «plan» para «entregar» los derechos mineros de Aznalcóllar «ilegítimamente»

Emerita insiste en que se amplíe la investigación judicial en número de encausados y en delitos a la luz de nuevos documentos

La empresa denunciante en el denominado «caso Aznalcóllar» no sólo no se da por vencida, sino que reciente documentación aportada a la causa penal le ha servido para hacer repuntar su petición de que se amplíe la investigación judicial que se lleva a cabo en torno a la adjudicación de la mina sevillana que da nombre al proceso «tanto a nuevos investigados, como por nuevos delitos». En un escrito elevado al juzgado instructor, el número 3 de Sevilla, la sociedad, una de las perdedoras del concurso a través del que la Junta asignó el yacimiento, sostiene que la nueva información con la que cuenta el órgano judicial «reafirma» su postura de que no se analiza «un único hecho delictivo que se agota con la acción del dictado de una resolución de adjudicación», sino que empieza antes, «con las maniobras y conspiraciones para lograrlo», y continúa después «con las maquinaciones» para, «en primer lugar asegurar el resultado delictivo, y en segundo ocultar las huellas y encubrir a los responsables».

«Nos encontramos ante un delito continuado: una serie de actos tendentes todos ellos al mismo fin, que no se agotaron en el momento de la interposición de la denuncia ni cesaron entonces, sino antes bien, al contrario, se han intensificado para ocultar sus actos de la acción de la Justicia y tratar de diluir las responsabilidades penales», mantiene en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN el abogado de Emerita, Ramón Escudero.

Los documentos a los que alude esa representación procesal incluyen dos registros mineros sobre el mismo yacimiento, el libro en papel y otro web, entre los que existen «flagrantes» contradicciones que, a juicio de Emerita, constituyen en esencia «una infracción del principio de veracidad del artículo 6, así como del 9 de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, además de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». Esas discordancias «no parecen tener explicación alguna», avisa Escudero, «más allá de la necesidad de encubrir las continuadas y permanentes infracciones legales, y enmascarar todos los actos ilícitos de entrega y apropiación, que esta parte ha venido denunciando hasta ahora, tanto en este procedimiento como en la vía contencioso-administrativa». En ese sentido, a la denunciante le resulta «muy llamativo» el «afán de quien haya efectuado las inscripciones en el registro minero por no dejar constancia de las fechas» en las que se hizo, «máxime en un registro» en el que éstas e incluso «hasta la hora de la inscripción, son datos fundamentales y legalmente obligatorios». Todo lo sucedido, insiste el letrado, apunta a «un plan preconcebido y elaborado, para entregar ilegítimamente unos derechos mineros a quien no cumplía los requisitos para ello». Y hay otro documento trasladado al juzgado por el propio Gobierno andaluz, un nuevo escrito del jefe de servicio de Industria, Energía y Minas, que vendría a confirmar otra de las tesis defendidas por Emerita: que Minera los Frailes, la entidad que ha reactivado Aznalcóllar en realidad aunque no participó en la pugna contractual, «se ha apropiado de los derechos sin justo título que lo ampare» y realiza, pese a ello, «trabajos en los recursos mineros sacados a concurso». En relación a este punto, Escudero pone el foco en la multiplicidad de versiones que la Administración autonómica ha dado al juzgado sobre si existe o no ese título a favor de Minera «en función de la necesidad del momento de ocultar una determinada ilegalidad». «Y para ello –suma el abogado–, existe un juego de informes y contrainformes, todos contradictorios entre sí, afirmando una cosa y la contraria, en los que poder apoyarse para dictar resoluciones y responder en sede judicial», según convenga para «tener cubiertas las espaldas».

Convencido de su solidez argumental, el representante de Emerita pide al juzgado que acuerda una hilera de diligencias que pasa, entre otras cuestiones, por requerir al Ejecutivo regional «para que informe de los puestos y cargos que ostentaban los miembros de la Mesa del concurso y de la Comisión Técnica, desde tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación de los recursos mineros de Aznalcóllar» y los que ocupan ahora, así como «la fecha y razones del ascenso». A esto engarza una solicitud de que se amplíe la instrucción «a todos» ellos que, entiende, «deben ser llamados como investigados» como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación o alternativamente a este último, fraude a la Administración. Y no se queda ahí, busca que se amplíe más el círculo de encausados por otras supuestas culpas que detalla y, sobre todo, que se extiendan las actuaciones a «la fase de aceptación del concurso y los actos de apropiación de los recursos mineros», por los presuntos delitos de falsedad, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociación ilegal y encubrimiento, «debiendo investigarse los responsables de estos hechos», entre los que señalan a la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio.

Más datos

*Ecologistas en Acción fue la que advirtió al juzgado de que «en el Registro Minero de Andalucía de la Consejería de Empleo» constaban «informaciones contradictorias», al existir una ficha otorgándole el yacimiento a Minorbis-Grupo México y otra a Minera Los Frailes. Avisó a la jueza instructora, por tanto, de una «posible manipulación».