Imputados dos sindicalistas de CC OO-A por admitir «intrusos»

La juez Mercedes Alaya ha imputado a ocho personas más que participaron en la gestión del ERE del Hotel Cervantes, radicado en Málaga y adquirido por el Grupo Rumasa en 2003. Se trata de empresarios, un abogado y dos sindicalistas de CC OO-A. Todos ellos «serían conocedores de la existencia de intrusos, intermediación y pagos a Juan Lanzas, así como de las presuntas irregularidades de la subvención» que pagó la Junta de Andalucía.

Estas nuevas imputaciones surgen tras el estudio por parte de la magistrada del informe de seguimiento elaborado por la UCO de la Guardia Civil sobre el Hotel Cervantes. Según los agentes, desde el primer momento que Nuevo Rumasa adquirió el hotel se planteó un ERE para abaratar costes laborales que sería financiado por el Ejecutivo andaluz gracias a la intermediación de Juan Lanzas. El «conseguidor» de los ERE tenía una tarifa establecida de 600.000 euros y solía recibir los pagos en «B» en sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros –solía recogerlos en billetes de 500 euros–. Finalmente, en el sumario consta que el Grupo Rumasa recibió 5.928.263,76 euros. En el ERE se incluyó a dos personas ajenas a la empresa: José Antonio Cuevas Álvarez, contratado seis meses antes de la firma de la póliza de rentas y que cobró 1.400 euros al mes desde 2006; y Claudio Andrés Sendino, también contratado antes de la firma por la sociedad y que provenía de una de las empresas del Grupo Rumasa.

La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla considera que los dos sindicalistas de CC OO-A «no sólo serían conocedores de la inclusión de intrusos, sino que facilitarían el proceso». Se trata de José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario sindical de CC OO y prejubilado en el ERE del Hotel Cervantes y Gonzalo Fuentes Guerrero, integrante de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo del sindicato en Málaga.

Estos dos nuevos imputados se suman a otras diez miembros de CC OO ya encausados por Alaya. El sindicato, en un informe interno sobre los ERE, sólo ha encontrado «indicios de un comportamiento reprobable» en dos de los diez imputados que han tenido o tienen relación con el sindicato. De hecho, cinco de ellos, según anunciaron en octubre, «merecen protección jurídica del sindicato»; y otros tres ya no están vinculados con el sindicato.

La instructora ha citado a declarar a los ocho imputados entre el 22 y el 23 de este mes. También reclama a la Junta expedientes sobre subvenciones al Hotel Cervantes y solicita a la Guardia Civil información sobre los hijos varones de José María Ruiz Mateos.