Insisten en el «trato de favor» de la Junta en Aznalcóllar

Emerita usa el propio informe de la Guardia Civil que lo negaba para argumentárselo al juzgado

Desarmar el atestado en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descartó el favoritismo en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, tras analizar correos electrónicos de tres altos cargos y una docena de funcionarios de la Junta. Esto es lo que pretende la representación procesal de una de las empresas perdedoras, la de Emerita Resources, con un escrito de alegaciones elevado al órgano judicial, al que tuvo acceso LA RAZÓN, en el que se insiste en que hubo «trato de favor» y que ello se desprende del mencionado informe de los investigadores y sin retorcerlo.

El abogado de Emerita, Ramón Escudero, llama la atención primero, en relación a los emails, sobre que, pese a que el auto judicial en el que se ordenó la intervención de los mismos se dictó el 17 de enero de 2017, «se intentó proceder a practicar las diligencias el 23 del mismo mes, pero no se pudo hacer hasta el 7 de febrero». Una demora «sorprendente» para el letrado, a quien además le resulta «muy extraño» que hubiera varios periodos temporales, en conjunto más de un año, sin rastro de correos, lo que le lleva a pensar que «han sido borrados o se han ocultado para impedir la labor de investigación de la UCO». Pero incluso así y sin forzar el paso, asegura que en los existentes pueden «encontrarse evidencias que avalan lo denunciado» por esa parte como la «fluida y amistosa relación entre los dueños de Magtel –empresa ligada a otra del tándem que resultó adjudicatario, Minorbis-Grupo México–» y «Vicente Fernández, entonces secretario general de Industria». De hecho, se reproducen pasajes del informe policial en los que se mencionan «frecuentes contactos» entre ellos, que Fernández «habla» con J. L. L., uno de los responsables de Magtel, «sobre una reunión con Fomento» y el último «pide el apoyo de la Administración para que determinados ayuntamientos cambien sus ordenanzas»; o incluso que los dos mismos protagonistas conversan de «un negocio de Magtel en Perú y agradece el apoyo institucional prestado».

De acuerdo al relato del abogado, acordaron «mantener una reunión sobre asuntos pendientes, entre los que se encontraba la mina», llegando a «proponer comer juntos». Llamativas le resultan también las «insinuaciones» recogidas por la UCO «acerca de la amistad de otros funcionarios con gente relacionada con Grupo México». En ese punto, reproduce otra parte del atestado en la que se reflejaba que la ex directora general de Mina, María José Asensio, «tuvo una comunicación con S. S., adjunta de la Dirección General de Minas». En dicho correo se informaba de que las entidades interesadas en el concurso «eran 'la principal patrocinadora del PDAC', esto es Forbes & Manhattan INC, empresa matriz de Emerita, y la otra 'tus amigos los indios' en referencia a Grupo México, dado que era la otra empresa concursante». Pero si en algún momento resulta evidente «el trato de favor de la Administración hacia Minorbis» es para Escudero cuando se recoge que «el día 15 de diciembre, Magtel remitió un borrador del escrito de presentación por el que se iba a enviar la propuesta técnica», junto al email en el que otro directivo de esa empresa, M. L., «decía trabajar de manera coordinada con la Dirección General de Minas en este asunto». «Es decir, se remitió un borrador para que la Administración asesorase y lo corrigiese, con el fin de que el proyecto se ajustase a lo que necesitaban para ser los adjudicatarios. Trabajando de manera coordinada para tal fin», resume el letrado.