Inspectores «fantasma» para controlar la Ley de Dependencia

Su labor era, es, importante: cerciorarse de que la Ley de Dependencia funciona correctamente. Unos 250 trabajadores –trabajadoras en su inmensa mayoría– fueron contratados inicialmente por la Junta como valoradores en el año 2007, cuando entró en vigor. Comenzaron evaluando las solicitudes presentadas para determinar el grado de dependencia y la prestación correspondiente.

Tras la avalancha inicial y con el desarrollo de la ley surgieron nuevas necesidades: el control de los servicios y ayudas concedidos. En 2012 la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales –entonces de Salud y Bienestar Social– optó por ampliar sus competencias encomendándoles labores de inspección. Esto implicaba otorgarles una acreditación oficial puesto que son considerados agentes de la autoridad. Todos trabajaban como interinos y compatibilizaron ambas tareas. ¿El problema? Que siguieron cobrando únicamente como valoradores, por debajo del nivel establecido para un inspector de servicios sociales. Una ilegalidad que los juzgados de Cádiz acaban de reconocer, condenando a la Junta a indemnizar a cinco trabajadoras por la diferencia de sueldo entre ambas categorías.

En total, deberá pagarles diez mil euros más intereses por los cuatro años –entre noviembre de 2012 y el mismo mes de 2016– en los que actuaron como inspectores. Son las primeras demandas favorables. Otros 70 afectados más esperan en Granada, Sevilla, Córdoba, Huelva y la propia Cádiz una resolución similar. Si finalmente se reconoce este derecho a toda la plantilla, la factura para la Junta superaría los 2,5 millones de euros.

«Han desempeñado durante años labores de inspección además de valoradoras pero nunca se contempló esa diferencia de nivel retributivo», explica Manuel Martos, abogado gaditano que defiende a 75 de los trabajadores. La última sentencia, fechada el 7 de febrero y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, considera probado que éstos «fueron habilitados para desarrollar funciones de inspección, que no se limitó temporalmente al 2012, si no que continuaron al no desarrollarse por los inspectores aunque estaban dentro de sus funciones desde el punto de vista reglamentario y el plan de actuación». En este sentido, confirma que «esa habilitación de hacía con carácter de agente de la autoridad».

La jueza del Contencioso número 1 de Cádiz estima fundamentales las declaraciones de tres altos cargos de la Junta –el jefe de valoraciones de Dependencia, la responsable del servicio de inspección y el jefe de inspección–, pese a que negaron en todo momento, según relata el fallo, que estos interinos ejerciesen de inspectores. Sus testimonios dejan claro que instruyeron y habilitaron a los valoradores para que a partir de 2012 asumieran también las labores de control para la correcta aplicación de la ley. Según consta en los planes generales de inspección aprobados por la Consejería, debían realizarse visitas para certificar una atención adecuada y la calidad de la asistencia tanto en centros residenciales como en los domicilios de los dependientes, con el fin de evitar el fraude y garantizar la calidad asistencial.

En Andalucía, son más de doscientas mil las personas que reciben una prestación económica o algún servicio con cargo a la Ley de Dependencia: desde la ayuda a domicilio al cuidado por familiares o en centros residenciales. En la práctica, se «comen» buena parte del presupuesto social de la Junta, al asumir el 80% de los 1.214 millones anuales que cuesta. El Gobierno aporta el otro 20%, pese a que el compromiso es dividirlo a partes iguales entre ambas administraciones.

Doscientas inspecciones diarias para evitar el fraude

Cuando arrancó la Ley de Dependencia estaba al frente de Igualdad y Bienestar Social Micaela Navarro, a la que relevó María Jesús Montero –actual consejera de Hacienda– y un año después tomó las riendas la actual titular, María José Sánchez. Las contrataciones eran imprescindibles para atender la demanda de miles de personas que requerían atención para su vida diaria. De los grandes dependientes a los moderados se establecieron ayudas adaptadas a cada necesidad.

El balance presentado en 2012 por la Junta sobre el plan de inspección reflejaba un gran peso de la dependencia. Por ejemplo, hubo 501 visitas a centros de mayores; 166 a unidades de estancia diurna y más de 57.000 visitas a beneficiarios de ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar y 17.100 a usuarios de la ayuda a domicilio. En total, una media de doscientas inspecciones diarias para evitar el fraude.

La consejera citó entonces a una plantilla de 280 profesionales, entre los que se encontrarían los contratados para realizar valoraciones que tuvieron que compatibilizar ambas tareas.

Precisamente en enero, el Consejo de Gobierno aprobó el nuevo decreto de organización y funcionamiento de la inspección de servicios sociales. Entre las novedades figuran la comparecencia de personas beneficiarias de prestaciones y servicios; las visitas a las sedes de las entidades y los centros sin necesidad de previo aviso, así como a las viviendas particulares para comprobar la calidad y la atención recibida.