Caso ERE

Intrusos corroboran el papel de los sindicatos en los ERE y el cobro de comisiones

UGT y CC OO han rechazado su participación en el entramado pese a las evidencias de que colaboraron en las irregularidades

La juez instructora del caso, Mercedes Alaya
La juez instructora del caso, Mercedes Alayalarazon

SEVILLa- La juez Alaya abre esta semana el melón de la veintena de altos cargos y ex altos cargos de la Junta imputados en la última fase de la trama de los ERE con la declaración del ex interventor general Manuel Gómez. Los que «posibilitaron», según sostiene la magistrada, el fraude. Durante estos meses, otra de las ramas de la investigación, la que se centra en las sobrecomisiones de los sindicatos, los que supuestamente «se lo llevaron», continuará desarrollándose. La tarifa era de entre el 0,5 y el 1 por ciento de cada póliza. CC OO y UGT insisten en desmarcarse del cobro y de la participación. Las evidencias y las declaraciones de los intrusos ante los investigadores corroboran otra cosa.

En las testificales ante la Guardia Civil, Emilio Lustao (página 91, tomo 37) «recuerda que en 2006-2007 entregó por orden de José González Mata (dueño de la mediadora Uniter) un talón del que no recuerda el importe a un sindicatos del que tampoco recuerda si era CC OO o UGT». Sobre Atlantis Asesores, manifestó que «es una correduría de seguros y recuerda haber realizado pagos a la misma». También admite «haber realizado pagos» a Minerometalurgia CC OO. Sobre Temiqui, otra de las entidades vinculadas los sindicatos, indicó que «le suena y que recuerda haber realizado transferencias a esta empresa». Añadió que «le ordenaban que realizara el pago de las facturas y posteriormente cuando llegaban en papel se las pasaba a su compañera y ésta las metía en el programa de contabilidad».

El declarante, por el contrario, «no recuerda qué servicios prestaban ni la empresa ni ninguna de las empresas arriba mencionadas (Temiqui, Atlantis y Federación Minerometalúrgica de CC OO)».

Por su parte, Antonio Parrilla aseguró ante la Guardia Civil que «Atlantis era la empresa que realizó los estudios actuariales para las minas de Aznalcóllar».

Damián Jiménez, en relación a las ayudas a Hijos de Andrés Molina, señaló a Juan Lanzas (UGT) y Revuelta (CC OO) como asesores que «indicaron qué era lo más conveniente en cada momento, y contaban con el asesoramiento jurídico y técnico del gabinete jurídico de cada uno de los sindicatos». Sobre Lanzas, señaló ante la Benemérita que «actuó como asesor de los afiliados de UGT» y «supone que mantendría buenos contactos con cargos políticos, ya que les facilitaban mantener reuniones con el director general de Trabajo y Seguridad Social (Francisco Javier Guerrero), tanto él como sus superiores». «Desconoce si cobró algún tipo de comisión», dijo. El conseguidor «ha estado manteniendo contactos con la asociación (de trabajadores), asesorando hasta hace unos tres años aproximadamente». «No cobraba nada por ello y no se presentaba en nombre de nadie», añadió.

Preguntado «si a lo largo de su dilatada experiencia sindical» le habían ofrecido incluirle a él o a personas de su entorno en alguna póliza con motivo de la tramitación de algún expediente de una empresa en la que nunca hubiera trabajado, o si conoce si le han realizado a alguien esta oferta, bien por su afinidad o como pago de comisiones, el imputado respondió que «sí». «En 2003 a su mujer, Fernanda García Vilches, le ofreció incluirla en una póliza individual Juan Lanzas, debido a su amistad». «En aquella época atravesaba problemas de salud, problemas derivados de los hechos investigados y no disponía de dinero suficiente» y Lanzas «le dijo que era legal, que había ayudas para trabajadores parados, que le iba a mandar unos papeles a su domicilio los cuales debían rellenar y reenviar, realizando estas indicaciones y reenviando el sobre a –la aseguradora del grupo Vitalia– Personal Life». La teoría de «las criaturitas» de la que habló Guerrero. «Cree recordar que cobraba unos 800 euros€ desde el año 2003-2008 y que fue incluida en Dhul», aseveró.