Investigan malversación en incentivos a ayuntamientos para acceso a internet

A la Junta de Andalucía se le amontonan los frentes judiciales. Las pesquisas en el marco del caso de las ayudas concedidas por la empresa de capital riesgo Invercaria han dado lugar a un nuevo nicho de posibles irregularidades. El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en los incentivos concedidos a los ayuntamientos por parte de la Consejería de Innovación para potenciar el acceso a través de internet.

Las diligencias parten de un escrito que remitió la Fiscalía Anticorrupción al juzgado el pasado 15 de junio, en el que se recoge un informe de la Intervención sobre las Cuentas Anuales y PAIF de la Agencia IDEA –ente instrumental de la Consejería de Innovación– de 2010. «La Intervención constata de la documentación aportada por la Agencia ‘un uso inadecuado de las transferencias de financiación de capital para la concesión de subvenciones excepcionales a determininados ayuntamientos de la comunidad como prueba piloto para la implantación de una red inalámbrica para acceso a internet por parte de los ciudadanos», recoge el escrito de Anticorrupción consultado por LA RAZÓN.

Se trata de subvenciones con fecha de resolución el 4 y el 15 de julio de 2008, con Manuel Chaves al frente de la Junta y Francisco Vallejo al frente del departamento de Innovación. La Intervención no ve procedente que se concedan subvenciones excepcionales «ya que con ello los ayuntamientos afectados no se someten a los principios de publicidad, concurrencia competitiva, ni al resto de condiciones de la orden». La orden para el desarrollo de estos incentivos tiene fecha de 23 de junio de 2008.

Se da una circunstancia pareja a la que detectó la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE. La Junta usó irregularmente la figura de la transferencia de financiación de explotación para pagar subvenciones excepcionales a través de la Agencia IDEA. La transferencia de financiación no es ilegal ni irregular en sí misma, pero en el caso de los ERE sí se hizo un uso «perverso» de esta figura, según recogió un escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

Debido a los paralelismos entre ambas causas el juez Gutiérrez Casillas ha remitido de hecho el Informe Definitivo de Cuentas Anuales de la Agencia IDEA de 2010 al juzgado de Instrucción del que Alaya ha sido titular hasta el pasado lunes, «al recogerse en el mismo determinados incumplimientos y salvedades en relación a las denominadas ‘ayudas sociolaborales’ que son objeto de investigación en las diligencias previas 174/11».

Llama la atención, a su vez, que Alaya tuvo que pedir a la Junta por cuarta vez en noviembre de 2014 la contabilidad de IDEA de 2010 y 2011 que la Junta llevaba negando desde 2012. Por otra parte, la Intervención reseña en relación a los incentivos a los ayuntamientos para impulsar el acceso a internet que no se ha cumplido la obligación de presentar «la cuenta justificada y los documentos justificativos de los gastos realizados» ante la Dirección de Administración y Finanzas de la Agencia IDEA.